Por Julieta Gabirondo y Eugenia Rodríguez*
La violación grupal a una joven, transmitida por lo medios masivos de comunicación a través de un loop constante de imágenes y videos, en un barrio conocido de la Capital Federal fue noticia, impactó y conmovió en los días previos a una de las fechas emblemáticas de los feminismos, el 8 de marzo – Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Si bien abundaron calificaciones que le imprimieron el carácter de excepcional, no se trata -sin embargo- de un hecho aislado, sino que forma parte de una cultura de objetivación y adoctrinamiento de las identidades feminizadas que se reproduce socialmente en todos los ámbitos, geografías y clases. Ejemplo de ello es la denuncia que el domingo 6 de marzo realizara una mujer de 43 años de la zona sudoeste de Rosario, quien declaró que fue secuestrada y violada en un descampado, cuando volvía de su trabajo. “Horror” tituló uno de los portales más leídos de la ciudad y el hecho no tuvo mayor repercusión mediática, quizás por la zona, quizás por la edad y clase social de la denunciante, quizás porque no hubo cámaras y entonces “solo” queda la palabra de la víctima.
Pasaron días de estos dolorosos sucesos -a los que se suman aquellos que no llegan por diversos motivos a la pantalla de los noticieros-, pasaron sus repercusiones más inmediatas, y pasó la masiva convocatoria del #8M a lo largo y ancho del país y de toda Latinoamérica. Las mujeres, diversidades y disidencias organizadas pusimos cuerpo -una vez más- ante la rabia y el dolor por la violencia machista que no cesa y también evidenciamos en las calles que para modificar las estructuras de poder patriarcal además de decir hay que hacer, hay que mover y transformar, mediante la organización, la acción colectiva y la permanente exigencia al Estado para la implementación de políticas públicas a mediano y largo plazo que generen relaciones más igualitarias, que rompan brechas históricas de desigualdad, que garanticen que todes podamos vivir vidas libres de violencias y con dignidad.
Cuando tienen repercusión violencias como las mencionadas, se ponen sobre la mesa interrogantes como ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación a la hora de contar esas violencias? ¿Qué impacto tienen las redes sociales? ¿Qué herramientas tiene el Estado para acompañar a las denunciantes? ¿Cuáles son los dispositivos judiciales existentes? ¿Es posible generar respuestas que no se centren en salidas punitivas? ¿Qué implica una reforma judicial transfeminista y popular?¿Qué están haciendo los hombres para transformar la desigualdad de géneros? ¿Cómo se construyen nuevas masculinidades? ¿Quién le cree a las víctimas?
Ponemos en diálogo la palabra de quienes desde sus ámbitos de trabajo y militancia vienen abordando algunos de esos interrogantes, elaborando posibles respuestas y volviendo a repensar, con el fin no de llegar a conclusiones cerradas sino de seguir aportando al armado colectivo que busca transformar de raíz las desigualdades existentes.
Responsabilidad social de los medios
“La agenda feminista está en los medios”, afirma la periodista Silvina Molina y de forma inmediata agrega, “el problema es cómo”. Molina es la primera Editora de Género y Diversidades de la agencia de noticias Télam y tiene una larga trayectoria pensando y elaborando herramientas para construir un periodismo con perspectiva feminista.
Al ser consultada sobre las repercusiones mediáticas de las violencias sexuales, consideró que “no podemos seguir diciendo que son ‘animales que andan en manada’, ni tampoco que es algo atípico, porque ocurre en cualquier momento y lugar, y muchas más veces de las que creemos y sabemos. Para el periodismo es es más fácil ponerlo en el afuera, en algo extraño y raro, pero son personas que conviven con nosotros, y como periodistas tenemos que pensar cómo lo comunicamos porque construimos sentido social”.
Sobre esto último, aportó tres ejes que entiende son clave: “Se comunica no exponiendo a la víctima, no mostrando imágenes, respetando los tiempos de ella y de su familia, y a la cantidad de víctimas que se sienten movilizadas. Además la palabra de la víctima es fundamental, la justicia y los medios tenemos que creer en su palabra, porque sino parece que solo creemos cuando está filmado. Y un tercer elemento es la fuente, para informar debemos sostenernos en determinadas fuentes, en estos casos las primigenias son la policía y la justicia. En la violación grupal de Palermo se han difundido partes oficiales con el nombre y la dirección de la casa de la víctima. Fuentes, organismos y periodismo tienen que capacitarse, porque además es información que, por ejemplo, se filtra en las redes sociales y hay víctimas que se tuvieron que ir de la ciudad donde vivían por la repercusión del caso, además de que muchas terminan no denunciando por la condena social”. Y sumó: “Me preocupa que los Estados estén en condiciones de sostener la demanda de una mujer que se expone y cuenta -a veces después de muchos años- lo que pasó, quién la sostiene, cómo se la acompaña”.
Este jueves 10 de marzo la joven víctima de la violación antes mencionada, se expresó en una carta pública en la que señala: «Casi desde el momento inicial de lo ocurrido, me sentí totalmente hostigada por parte de los medios«, y agrega «desde el momento en el que pude recobrar un poco de fuerzas no sólo estuve preparándome para el dolor y la angustia que me genera la situación ni todo lo que conlleva pasar por un momento así e iniciar una instancia penal teniendo veinte años, sino también preparándome mentalmente para lo que se venía: la exposición de un caso y de una víctima como un circo mediático«.
La revictimización constante de su persona con la repetición hasta el hartazgo de los videos del hecho, donde su imagen y datos personales se difundieron por encima del derecho al resguardo de la identidad, la presencia constante de medios en su domicilio, las llamadas incesantes y el cuestionamiento a sus elecciones y a su consentimiento, aparecen de forma contundente en el comunicado de la joven y obligan a reflexionar sobre la responsabilidad social porque como ella lo afirma «el respeto a la víctima no es un favor: es un derecho”.
Sobre esa responsabilidad mediática Molina reiteró que “quienes dirigen medios de comunicación deben tener un compromiso real y no de palabra o para la foto, debe haber una política interna, eso implica cómo nos relacionamos internamente para que el trabajo periodístico sea no violento, que existan protocolos y prácticas de convivencia, y capacitar a todo el personal con herramientas adecuadas al periodismo, tiene que haber un espacio de escucha, que el intercambio, el pensar y repensar esté siempre, que salgan dudas y prejuicios, y también hay que empezar a considerar cómo nos impactan estas informaciones a las periodistas que las reportamos diariamente. Todo es una cuestión de compromiso social y político”.
Herramientas judiciales en la mira
Desde distintos sectores y colectivos vinculados al Derecho se viene reclamando por una reforma judicial transfeminista que, según explicó Jorgelina Butto, integrante de la Colectiva de Abogadas TransLesbotransfeminista de Rosario, apunta a que “la administración de la justicia esté atravesada por una clara mirada de género, tanto en sus resoluciones como en las formas de trato que se deben dispensar a todas las personas que la transitan”.
En relación agregó: “Desde una mirada antipunitivista del Derecho, pugnamos por una legislación que no tenga como norte el castigo, porque sostenemos que la aplicación de una pena privativa de libertad no debe ser la única respuesta ante un delito, debiendo evaluarse diversas alternativas que puedan brindar otras soluciones”. Y analizó: “Esto quizás choque con el punitivismo que prima en la mayoría de la sociedad, que pretende la aplicación de penas cada vez más altas en el entendimiento de que la exclusión de los sujetos de la vida en sociedad es la única solución a los problemas, viendo a la prisionización como un castigo”.
Sobre este último punto, hablamos con Luciana Vallarella, Fiscal adjunta de la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien remarcó las críticas a la cárcel como sistema reproductor de violencias y estereotipos patriarcales no obstante indicó que “hasta que no conozcamos otros mecanismos la respuesta punitiva de la cárcel sigue siendo la respuesta para los casos más graves. Es muy difícil decir si repara o no, eso lo deberían asegurar las víctimas, pero muchas veces se espera que el Estado haga algo y sancione porque también la no sanción transmite un mensaje de soledad e impunidad, es necesario responsabilizar a los autores de esos delitos”.
Por otra parte, Vallarella explicó que no todos los casos que ingresan a la Oficina de Violencia de Género se resuelven de la misma manera: “Las respuestas dependen mucho del caso, de si la mujer está en una situación de peligro o no. Si ella no quiere avanzar hacia el fuero penal podemos aplicar algún tipo de acuerdo que tenga que ver con compromisos del agresor, y si se decide avanzar hacia lo penal contamos con herramientas como el juicio abreviado que permite condenas más rápidas o la suspensión del juicio a prueba, donde se suspende la investigación penal y se pone al denunciado bajo reglas de conducta, que por lo general tienen que ver con tratamientos para adicciones, restricciones de acercamiento y la asistencia al dispositivo para varones violentos del municipio; y en caso de que algo se incumpla se reanuda la investigación”.
¿Nuevas masculinidades?
En Rosario funciona desde 2015 el Dispositivo de Atención con Varones que ejercen Violencia de Género -dependiente de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad- fue uno de los primeros en crearse en el país. Actualmente, el sistema es utilizado por varones derivados del Poder Judicial de la provincia como un requisito a cumplir que contempla su condena. Son varones que han ejercido violencia en sus distintas modalidades: agresiones, amenazas, acoso, hostigamiento por redes sociales, violencia física.
“Los varones tenemos que empezar a reflexionar sobre nuestras relaciones, ver cómo nos sentimos. En el estado de cosas actuales hay un problema que traemos desde la infancia, prácticas naturalizadas de crianza, en ese camino los adolescentes ya vienen transitando un proceso nuevo, de mayor respeto hacia lo ajeno, sin hablar como si fuera un universal pero creo que en las nuevas generaciones se están entablando nuevas relaciones entre géneros”, sostuvo al ser consultado Ignacio Rodríguez psicólogo e integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social.
En sintonía, consideró que “muchas veces nos embarga el miedo de romper una complicidad y quedar solos, sin grupos de referencia, por eso también es doloroso, hay que generar nuevos colectivos donde uno pueda encontrar otro tipo de vínculos entre varones, donde podamos reflexionar sobre las manifestaciones de la masculinidad, y la necesidad de construir nuevas lógicas sexoafectivas que no quiere decir que no se sigan reproduciendo las que intentamos dejar atrás en lo inmediato, además los cambios necesitan también mucha legitimidad social”
Sobre los hechos de violencia sexual, Rodríguez consideró: “Como varones podemos repudiar este tipo de actos pero no se trata solo de señalar con el dedo hacia afuera sino que tiene que ser una invitación a ver cómo sostenemos ciertas lógicas de cosificación de las mujeres cuando enumeramos nuestras ‘conquistas’, cuando insistimos ante un NO, formas cotidianas de violencia que no llegan al extremo pero que deben ponerse en cuestión. No se trata de decir “ese no soy yo, no haría esto” y me quedo en la línea de los buenos, hay que repudiar, condenar y sobre todo revisar”.
Esta metodología de trabajo es uno de los puntos que Vallarella señala que se deben incluir dentro de los dispositivos penales para evitar “el alto número de reincidencias”. La funcionaria del MPA lo piensa aún más allá y sostiene que también puede funcionar a modo preventivo, en los espacios territoriales que trabajan con jóvenes.
Autonomía económica para vidas libres
En el marco del 8 de marzo los feminismos reforzaron la convocatoria a repensar cada ámbito de la sociedad, en un camino de construcción que prioriza la unidad y la organización como claves del cambio socio-cultural necesario. Uno de esos ámbitos es el económico, donde también se reproducen desigualdades que afectan las posibilidades de autonomía y de vidas libres de violencias.
Según datos del Informe “El 8M en perspectiva económica: a dos años de pandemia y con la igualdad como meta” del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las desigualdades en el mundo laboral persisten ya que la tasa de actividad y empleo de los varones se ubican para el tercer trimestre del 2021 (base EPH-INDEC) unos 20 puntos por arriba que las mujeres, mientras que son ellas las que encabezan la tasa de desocupación (1,3 p.p por arriba). Sobre esto último si bien el guarismo se redujo (había sido de 2,5 p.p en el mismo periodo del 2020) y es el más bajo de los últimos cinco años, da cuenta de cómo la recuperación económica iniciada a mediados del año pasado repercutió de manera más favorable en varones que en mujeres.
En ese sentido, al analizar la informalidad el estudio del CEPA indica que el 36 por ciento de las mujeres que trabajan no están registradas, lo que representa una diferencia de 5,4 puntos (en 2020 fue de 1,8) con respecto a varones. Al tiempo que las brechas en los ingresos dan cuenta de que los varones percibieron un 28,4 por ciento más de ingresos personales (laborales y otros complementarios) que las mujeres y un 25,3 por ciento más por ingresos de la actividad laboral principal. Esta cifra aumenta a 38,2 por ciento en el caso de las y los trabajadores informales.
Estos datos tienen un fuerte impacto en la vida de las mujeres y son uno de los principales obstáculos para lograr autonomía, cambiar presentes violentos y proyectar otras vidas futuras. “Es imprescindible fortalecer las políticas públicas de vivienda, trabajo y cuidado de les hijes, sin esas cuestiones que hacen a la autonomía y voluntad de las mujeres no se puede hablar de nada. Más allá de que se mencione en los discursos, la cuestión de género no es prioridad. Más del 90 por ciento de las mujeres que denuncian luego pide que la retiremos, y esto tiene que ver en parte con que la mujer piensa que no va a poder sola con sus hijes y también pesa muy fuerte la dependencia económica, que hace que tengan que volver con sus agresores para subsistir”, agregó Vallarella.
Para cerrar resaltamos las palabras públicas de la joven que nos interpela a los medios y a la sociedad toda: «Si lo que queremos es la recuperación de la víctima, ¿por qué se la pone en un rol de mártir en el que parece que la víctima no es una persona sino más bien la situación de abuso que sufrió? Si la situación es aberrante y todos coincidimos con que debe haber justicia y estas cosas no deberían pasar jamás, ¿por qué sigue trasmitiéndose constantemente el hecho y cuestionando el mismo en vez de dedicar ese tiempo para concientizar y hablar de la cultura de la violación?«
*Periodistas – Co-directoras de Reveladas
Foto portada Ph Florencia Carrera
