Cada 8 de marzo se conmemora, a nivel internacional, el Día de la Mujer Trabajadora. Esta fecha recuerda la lucha de trabajadoras de la fábrica Cotton, de Nueva York, que en el año 1908 murieron quemadas mientras llevaban a cabo una huelga en reclamo por mejores condiciones laborales.
A más de un siglo, aquellas voces todavía resuenan en las proclamas de un movimiento que se fue ampliando, diversificando y alcanzó conquistas a partir de la unidad y la organización. Las demandas de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binaries, afros e indígenas impulsan a que este #8M sea con fuerte presencia en las calles luego de dos años atravesados por la crisis sanitaria de pandemia, que profundizó las desigualdades existentes, incrementó la carga de tareas de cuidados y agravó la precarización de las vidas.
En el 2015 tuvo lugar en nuestro país el primer Ni Una Menos, el grito colectivo que emergió como respuesta a la bronca y el dolor por el femicidio de la adolescente Chiara Páez en mayo de ese año en Rufino, que se sumaba a los 277 femicidios que la ONG La Casa del Encuentro había relevado en el 2014 y el décimo de 2015 en la provincia de Santa Fe. Aquella movilización fue un antes y un después en la visibilización de las violencias machistas y en el crecimiento de los feminismos en masividad e incidencia pública y política.
Hace años que las mujeres e identidades feminizadas se encuentran tejiendo lazos para alcanzar nuevas conquistas y seguir motorizando la organización de diferentes sectores que históricamente se movilizaron en pos de conseguir los derechos necesarios para el desarrollo pleno. En estos años, el movimiento feminista se fortaleció y masificó en Latinoamérica hasta volverse marea en las calles, los 8M son expresión de paro y movilización de mujeres, lesbianas, bisexuales, identidades no binarias, travestis, trans, originarias, personas con discapacidad, afros e indígenas que gritan ¡vivas, libres y con derechos nos queremos!
Los números no son solo cifras frías, sino que permiten visibilizar y sistematizar lo que se denuncia en las calles. La falta de datos oficiales hizo que diferentes organizaciones creen observatorios para relevar la realidad de la violencia machista más cruda: los femicidios. En lo que va del año, el Observatorio Lucía Pérez, padrón autogestionado y público de actualización diaria, contabilizó 63 femicidios, 57 infancias huérfanas, 30 tentativas de femicidios y 74 desaparecidas; por su parte el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” que confecciona su registro a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país, indicó que hasta el 28 de febrero del corriente año hubo 51 femicidios, 1 femicidio cada 28 horas. Y desde la organización MuMaLa contabilizaron en su registro nacional hasta el 27 de febrero, 43 femicidios y trans-travesticidios, el 60 por ciento cometido por parejas o ex parejas.
En este contexto desde Reveladas charlamos con referentas de distintas organizaciones de la ciudad que participan de la Articulación Feminista local para conocer sus voces y propuestas colectivas de cara a esta fecha histórica.
Lucha organizada
Integrantes de diferentes colectivos feministas se reunieron durante semanas para debatir y acordar los principales ejes de este 8M: la profundización de la feminización de la pobreza en pandemia, la necesidad de una reforma judicial diseñada en clave feminista, el impacto de la deuda que el gobierno macrista tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la necesidad de pensar una salida con perspectiva de género a la crisis socio-ambiental, están entre los temas troncales.
Majo Poncino, militante de Mujeres Evita, señaló al ser consultada que “este 8M nos convoca a pensar en la precarización, en la desocupación, en las tareas de cuidado, en el acceso a la participación paritaria de los sindicatos, en los espacios de conducción para la definición de estrategias laborales que nos permitan reivindicar herramientas gremiales, como fue el primer paro en el 2016 y continuó los años siguientes”.
Por su parte, Liliana Leyes, secretaria de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario, mencionó que las principales demandas tienen que ver con la intervención del Estado en problemáticas como la doble jornada laboral de las mujeres, la falta de licencias de cuidados que producen desigualdad en la organización de los hogares, donde la mayoría de las veces son las mujeres quienes destinan más horas del día a aquellos trabajos no pagos y no reconocidos: “Creemos que a través de espacios comunitarios de cuidado para nuestras niñeces el Estado debería garantizar que las mujeres y disidencias podamos salir a trabajar sin preocuparnos por dónde quedan nuestres niñes, situación que a veces recae en las abuelas o en niñas más grandes del grupo familiar”.
La demanda de trabajo digno y en igualdad de condiciones refleja una coyuntura donde la participación de las mujeres e identidades diversas en el mercado de trabajo es más baja y en condiciones más precarias en relación con los varones. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que realiza el INDEC (desagregados por sexo de forma binaria) para el tercer trimestre del 2021, la tasa de actividad (que mide la población económicamente activa (PEA) sobre el total de población) en el caso de los varones es del 69 por ciento y para las mujeres del 50,4 por ciento, la tasa de empleo (que mide la proporción de personas ocupadas) se ubica 17,8 puntos porcentuales por debajo en las mujeres en comparación con los varones -45,9 por ciento y 63,9 por ciento respectivamente-. A diferencia la tasa de desocupación es de 9,0 por ciento para las mujeres y de 7,7 por ciento para los varones.
Un factor que incide en el desigual acceso al mercado laboral se vincula con la sobrecarga que tienen las mujeres e identidades feminizadas en tanto sobre ellas recaen las tareas domésticas y de cuidados no remuneradas. Según publica el portal Ecofeminita “del total de personas que realizan tareas domésticas, un 72 por ciento son mujeres y un 28 por ciento son varones”.
Norma López, presidenta de la Comisión de Feminismos, Disidencias y DDHH del Concejo Municipal de Rosario, mencionó a Reveladas que es fundamental “fortalecer las políticas de cuidado, la justicia y la formación en Derechos Humanos y perspectiva de género, para que sean una prioridad indiscutible”. En ese sentido, Leyes sumó que «el ajuste que estamos sufriendo es fuertísimo, espanta doblemente a quienes tenemos trabajos no pagos en nuestro hogar y a quienes además tenemos que salir a cargar la olla porque el grupo familiar recae sobre nosotras».

Derechos conquistados y lo que aún falta
La marea verde fue creciendo, desde los Encuentros Nacionales -hoy plurinacionales- de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries hasta el 2018 cuando el debate en torno al derecho a decidir se coló en los medios de comunicación, en las plazas de las grandes ciudades, en las calles de los pueblos y en los pasillos de las villas, y miles de cuerpos gestantes defendieron el derecho a la autonomía y la libertad de elección, aún frente a movimientos y discursos conservadores que se resisten a reconocerlo.
La lucha instalada socialmente tuvo su corolario en las movilizaciones frente al Congreso en junio y agosto del 2018 por el derecho a decidir libremente y en condiciones dignas cuando o no maternar. Ese año el proyecto fue tratado en un histórico debate en ambas Cámaras, el 14 de junio se logró la media sanción en Diputados, no obstante, el 9 de agosto el Senado lo rechazó y avaló la clandestinidad. Sin embargo, la lucha organizada permitió que a fines del 2020 la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo sea una realidad efectiva, tras un año de pandemia. Actualmente el aborto es legal en nuestro país, pero los pañuelos verdes siguen flameando para que el Estado garantice su real implementación.
En 2018 también se sancionó la Ley Micaela, que lleva el nombre de Micaela García joven víctima de femicidio en abril de 2017 en Entre Ríos, y establece que todas las personas que forman parte de la administración pública en todos los niveles deben recibir capacitación en perspectiva de género, entendiendo que su transversalidad es clave y debe alcanzar a quienes se desempeñan en la función pública. En el 2019 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó el Convenio 190, una herramienta para erradicar la violencia en el mundo del trabajo haciendo mención específica, por primera vez, a la violencia de género. En el 2020 Argentina ratificó ese convenio que entró en funcionamiento este año.
Yamile Baclini, es secretaria adjunta del Sindicato de Trabajadores Municipales de Rosario y al ser consultada dijo que “hemos empezado a tener cambios a partir de la implementación de la Ley Micaela y ahora tenemos el Convenio 190. Hay que bregar por su implementación en los distintos ámbitos laborales y trabajar promoviendo una cultura del respeto”. En relación a la situación local, manifestó que “la implementación va a ser responsabilidad de los sindicatos, es fundamental dar a conocer y hacer cumplir estas nuevas normativas y las ya vigentes orientadas a evitar situaciones de violencia y de maltrato”.
En junio del 2021 se sancionó a nivel nacional la Ley de Promoción del Acceso al Empleo para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero conocida como ley “Diana Sacayán – Lohana Berkins” históricas militantes por los derechos del colectivo. Esta normativa se propone achicar la brecha de desigualdad en el ámbito laboral para personas travestis y trans a partir del establecimiento de un cupo laboral mínimo del 1 por ciento en toda la administración pública.
Michelle Vargas Lobo es militante y referenta del colectivo travesti-trans de la ciudad, de cara a un nuevo #8M aseguró que el endeudamiento es una de las preocupaciones principales por el impacto que puede tener en el presupuesto y en la posibilidad de que se creen –o desaparezcan- políticas públicas destinadas a resolver sus demandas: «Cuando se tiene que ajustar y recortar con respecto a la economía, los sectores que primero se tocan son género y diversidad», mencionó. Además, agregó que el Estado se encuentra en deuda con respecto a una de las demandas históricas: “El tema de la vivienda es lo más importante y lo más urgente, no hay ningún gobierno que haya venido a saldar esta deuda con nosotras”, y detalló que las políticas públicas que existen son “insuficientes o que muchas veces no llegan a resolver esta demanda”.

Otro de los reclamos que se plantea con fuerza es la necesidad de una reforma judicial feminista. La ausencia de perspectiva de género revictimiza a las mujeres y disidencias que son juzgadas desde una mirada patriarcal y machista y sin ser escuchadas. Daiana Araya es integrante del Colectivo de Abogadas TransLesbofeminista de la ciudad y expresó al respecto que “cada persona que forma parte del Poder Judicial tiene que estar capacitada en perspectiva de género porque es un derecho humano y no podemos seguir desconociéndolo. La desigualdad de poder que existe por razón de género atraviesa cada relación humana y ese es el entendimiento que tiene que tener cualquier persona que trabaje en la justicia y que tenga que responder a demandas sociales”.
Esta reforma pretende que la justicia no solo incorpore la perspectiva de género sino que además sea popular y garantice el acceso a todos los sectores de la sociedad. En ese sentido, Vargas Lobo dijo que urge incorporar la mirada travesti-trans y celebró la iniciativa en busca de “empezar a abrirnos esta puerta dentro del sistema judicial que históricamente fue muy cerrado, aún lo es hoy porque pensar que podemos acceder a hacer una denuncia o a un juicio por el asesinato de alguna compañera por un transfemicidio es casi imposible”.
La pandemia expuso la feminización de los trabajos que se realizan al interior de los hogares sin remuneración y al mismo tiempo dejó en claro que es imperioso pensar en una salida a la actual crisis socio-ambiental. Magalí Rivas forma parte del área de eco feminismo del Taller Ecologista y en diálogo con este medio señaló que es necesario que los feminismos se involucren en la lucha ambiental para alcanzar la justicia social: «¿Cómo podemos pensar en la no violencia, bienestar y derechos de mujeres y feminidades si no pensamos en la importancia que tiene un ambiente sano en este escenario?», se preguntó y agregó: «El problema ambiental dificulta las tareas de cuidado en algún sentido, por ejemplo cuando se afecta la calidad del aire, del agua, de los alimentos y de cualquier insumo que perjudica la sostenibilidad del hogar y la salud de las personas que lo conforman».
Desde el Taller Ecologista insisten en que es posible encontrar respuestas a estas demandas en conjunto con diferentes sectores de la sociedad y con les protagonistas de quienes dan pelea en los diferentes territorios: «Necesitamos entender que del cuidado del ambiente y del cuidado que otras personas nos brindan depende nuestra supervivencia y si hay algo que el feminismo nos enseñó es que tomar las calles y hacer marea de nuestros reclamos y convicciones es fundamental para poder incidir en la agenda política», comentó.
En ese sentido, Norma López agregó que es primordial hablar de los derechos de las mujeres en relación a la protección del ambiente: «Tener un ambiente sustentable va de la mano indefectiblemente de este movimiento político que es el movimiento de mujeres, diversidad y disidencias porque implica la construcción de políticas transversales con las políticas de cuidados».
¿Cómo será la jornada?
Cronograma #8M 2022:
-17hs concentración en la Plaza San Martín para marchar al Monumento a la Bandera
-16 a 21hs Feria en el Parque Nacional a la Bandera
-19 a 21hs Lectura de Proclama y Festival en el Parque Nacional a la Bandera
Colectivos gratis de 15 a 22hs para que mujeres y disidencias puedan asistir a la movilización (Decreto Nº61.346)
Descargate la Proclama colectiva para leer en el cierre de la movilización:

Foto portada Ph Florencia Carrera