En el 2023 se renovarán las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de la provincia de Santa Fe. El Poder Ejecutivo debe organizar los concursos, en los que intervendrán representantes de la magistratura, colegios profesionales y el ámbito académico.

En ese marco, fiscalas y funcionarias del organismo que coordina el trabajo de les fiscales de toda la provincia, emitieron un comunicado en el que advierten que en la actualidad la totalidad de los cargos gerenciales -fiscal general y fiscalías regionales– están ocupados por hombres, y exigen el cumplimiento de la ley de paridad de género.

En el 2020 la provincia sancionó la Ley 14.002 que obliga a cubrir los cargos del Poder Judicial garantizando la paridad de género, cumpliendo de esta manera con la obligación estatal de remover obstáculos en el acceso de mujeres a cargos jerárquicos.

En el documento que apunta a juntar firmas de apoyo para acompañar el reclamo, las mujeres del MPA señalan que «en el 2015 el Comité de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en su Recomendación General Nº 33 sostuvo que el acceso a la justicia debe garantizarse no solo a las mujeres víctimas de discriminación o violencias, sino que también comprende la participación de las mismas en forma igualitaria en los cargos de administración de justicia» y en sintonía, «la Asamblea General de las Naciones Unidas ha exhortado a los Estados a que ‘se comprometan a establecer el objetivo del equilibrio entre mujeres y varones en (…) la judicatura’ y a adoptar ‘medidas positivas en favor de la mujer, en todos los puestos gubernamentales y de la administración pública'».

Las trabajadoras remarcan que «es indispensable el acceso de mujeres especialmente capacitadas y sensibilizadas en materia de género y violencias contra las mujeres y disidencias» y que «este acceso a la justicia paritario, se conforma además con la acreditación de esa idoneidad específica entendiendo la misma no sólo en conocer tratados internacionales y leyes, sino en poder demostrar una trayectoria de compromiso social y de intervenciones respetuosas de los derechos humanos de las mujeres y personas LGTBI en su experiencia profesional y formación».

Vale recordar que la persona designada para ocupar el cargo de la Fiscalía General tendrá como misión la dirección y organización de todas las Fiscalías de la Región, mientras que quienes estén a cargo de las Fiscalías Regionales tendrán como una de sus principales tareas diseñar la política criminal y el plan de persecución penal que se debe ejecutar en los próximos seis años.

Es por ello que las funcionarias sostienen que «las bases de los concursos deben realizarse con perspectiva de género, lo que implica, que los antecedentes objetivos deben considerarse teniendo en cuenta las desigualdades, aún existentes, en los roles de cuidados entre las mujeres y hombres; en las instancias de evaluaciones debe incorporarse la perspectiva de género de manera transversal, considerándose no sólo la formación teórica sino fundamentalmente que se ponga especial énfasis en trayectoria de intervención y compromiso con la temática de género y con la participación de la sociedad civil en los procesos de selección por ser indispensable para que avancemos hacia un poder judicial más democrático y transparente». También advirtieron que «la ley provincial 13.902 que establece el cupo laboral travesti/trans tampoco se cumple»

El MPA está dirigido por el fiscal general Jorge Baclini, quien tiene bajo su cargo a cuatro fiscales regionales y a una única fiscal regional, pero que fue designada de forma interina, en reemplazo por dimisión del anterior titular del cargo.