A una semana del femicidio de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años que fue asesinada por su ex pareja, un integrante de la Policía Bonaerense, en la localidad de Rojas, organizaciones feministas convocan este 17 de febrero a una acción colectiva en todo el país para exigir justicia y demandar al Estado una serie de medidas concretas. En Rosario la convocatoria será a las 17hs en los Tribunales provinciales (Balcarce y Pellegrini). 

La convocatoria bajo el nombre Por Úrsula, por todes. Basta de justicia patriarcal, basta de represión policial, llama a movilizarse en los tribunales de todo el país porque “nos invade el dolor y la rabia. Estamos con les amigues y familiares de Úrsula, con el pueblo de Rojas que toma la calle. En el país entero surge la necesidad de convocarse, de denunciar. Ahora mismo, otras tiemblan de miedo porque ven replicada su historia en la historia de Úrsula. Ese dolor y esa impotencia, esta rabia y este duelo se están organizando”, señalaron desde el colectivo Ni Una Menos nacional. 

En el mismo sentido agregaron: “Úrsula tenía miedo de que la maten y la mataron. Pidió ayuda, hizo denuncias. La burocracia del Estado y la Justicia no toma en serio el riesgo denunciado una y otra vez a la hora de evaluar la peligrosidad del agresor si ya ha tenido otros episodios de violencia porque si cambia la víctima cambia la causa y no se analiza. No hay quién acompañe a la víctima. Ni el patrocinio jurídico gratuito, que es ley, está puesto en marcha. Tampoco se designa a otras personas para el acompañamiento. La víctima está sola frente a la policía -que nos toma por locas- y a una Justicia que no escucha”.

En Rosario, por su parte, la convocatoria es organizada por el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria. La necesidad de poder hacer algo, la indignación ante un nuevo femicidio, motorizaron la propuesta de una concentración que, cuidando los protocolos sanitarios vigentes, busca expresar en las calles el pedido de justicia por Úrsula y los reclamos urgentes al Estado. 

“Interpelamos al poder judicial y a las fuerzas de seguridad con reclamos y propuestas concretas así como a la sociedad en su conjunto, porque son necesarias también estrategias para fortalecer la organización comunitaria, no hay posibilidad de salida individual si no hay una salida colectiva”, señaló Majo Poncino integrante de Mujeres Evita y parte del Comité. 

Macarena Fernández Zarlenga, de Marea-Feminismo Popular, indicó en diálogo con este medio: «El femicidio de Úrsula viene a visibilizar la complicidad y el abuso de poder de la fuerza policial quien se supone debe cuidarnos, y la necesidad de una reforma judicial feminista y con perspectiva de género. Debemos poner el acento en los agresores y dejar de poner la responsabilidad en la víctima, que es la que tiene que buscar refugio, huir de su hogar, acumular denuncias y órdenes de restricción que no se cumplen. No podemos seguir contando más mujeres muertas».

Poncino, que forma parte también de Ni Una Menos Rosario, agregó: «El femicidio de Úrsula deja en evidencia y refleja la necesidad y urgencia de implementar políticas públicas integrales para la prevención, contención y acompañamiento. Es central la implementación de la ley Micaela en el poder judicial y las fuerzas de seguridad y también el fortalecimiento de la organización comunitaria para la participación de toda la sociedad en su conjunto y de su compromiso a futuro para generar redes y lazos de acompañamiento. También exigimos el reconocimiento por parte del Estado a lxs promtorxs territoriales de género y diversidad que en cada uno de los barrios son actores y actrices centrales en la articulación para la prevención y promoción de derechos».

La concentración será en los Tribunales provinciales donde habrá una intervención cultural y se leerá una proclama colectiva. Entre los puntos principales del documento las organizaciones destacan: “Hartas de las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, de que quienes tienen que proteger nuestras vidas sean cómplices y ejecutores de la violencia patriarcal y machista, denunciamos la responsabilidad del Estado en el abandono de Úrsula ante los reiterados pedidos de ayuda, repudiamos la complicidad de la policía con el femicida Martínez y el accionar represivo sobre sus familiares, amigues y vecines, decimos basta de justicia y policía patriarcal, basta de impunidad para los violentos y para quienes desde su deber público no accionan ante las denuncias por violencia de género”. 

Existen diferentes organizaciones que de manera autogestionada relevan los femicidios y travesticidios a fin de dimensionar lo que sucede en los territorios y elaborar datos que permitan orientar las políticas públicas para la prevención y erradicación de la violencia machista. Al respecto y según el relevamiento del Observatorio Lucía Pérez, en los primeros días de 2021 se registraron 44 femicidios y 36 intentos de asesinato por razones de género, un femicidio cada 22hs. 

Entre las medidas concretas, desde el Comité Feminista local exigen: “La declaración de la Emergencia Nacional en violencia, la tramitación urgente de las denuncias atendiendo a su riesgo, responsabilidad penal para agentes estatales que incumplen sus deberes, reforma judicial feminista, unificación de las denuncias, estadísticas de las intervenciones estatales y los seguimientos de casos; abordaje integral, fortalecimiento de dispositivos para trabajar con varones agresores, más presupuesto, implementación de la ley Micaela y la ley ESI en todos los ámbitos, protocolo de atención para situaciones de violencia de género dentro de los Ministerios de Seguridad, registro de antecedentes sobre violencia de género de las personas integrantes de las fuerzas de seguridad”.

Al tiempo que convocan a la sociedad en su conjunto “a actuar acompañando a las personas que estén en situación de violencia, a ejercer un rol activo contra las violencias machistas en la vida cotidiana y no permanecer indiferente”. 

Úrsula tenía 18 años y había denunciado tres veces, con dos ampliaciones, a su ex pareja Matías Ezequiel Martínez, un policía de la Bonaerense que ya tenía antecedentes de violencia machista. El 8 de febrero lo notificaron de la medida perimetral que le impedía acercarse a la joven, ese mismo día la mató. Úrsula pidió ayuda, el Estado no la escuchó.