Lxs 6 millones de invisibilizadxs que el Estado empieza a ver

Lxs  6 millones de invisibilizadxs que el Estado empieza a ver

La pandemia dejó al descubierto con crudeza las desigualdades sobre las que se construye el sistema productivo-social y las tareas fundamentales que desde antes de que llegara el coronavirus sostienen nuestra economía, actúan de ordenadores sociales, generan lazos comunitarios, y logran hacer funcionar un mundo que es cuanto menos injusto con gran parte de la población. 

Las políticas estatales post-pandemia enfrentan el desafío de reconocer e incentivar los sistemas productivos que desde la organización popular generan trabajo y llevan el pan a millones de familias, es decir, las formas de producción que surgieron en torno a las necesidades fundamentales de subsistencia y que se transformaron en eslabones claves en la producción y el consumo nacional. 

“La economía popular surge para la subsistencia pero con el tiempo fue creciendo y demostrando que es mucho más que eso, abarca diferentes tipos de trabajo -creados por lxs propios trabajadorxs- que en algún momento se vieron excluidxs del mercado laboral formal atravesadxs por dimensiones históricas e internacionales y generaron su propia fuente de ingresos”, describió en diálogo con Reveladas, Sonia Lombardo, directora del Registro Nacional de Efectores Sociales, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. 

En ese sentido agregó que “se trata de un sector que se engloba en la informalidad, con prácticas que el mercado no reconoce ni valora, y que el Estado gracias a las luchas de los movimientos populares las está empezando a mirar” al tiempo que aseguró que “el mundo asalariado tal cual lo conocíamos como máximo regulador de nuestras vidas ya no funciona más, y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) es una muestra de ello. Emergieron nuevas formas de trabajo, de subsistencia, de ganarse la vida, que fueron creciendo y no tienen derechos garantizados, pero de a poco van conquistando más lugar”.

En el marco de esta conquista de lugares es que aparece el flamante Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), una herramienta que busca institucionalizar y avanzar en el reconocimiento de derechos para la amplia franja de actividades incluida dentro de la economía popular. “El ReNaTEP fue establecido con la Ley de Emergencia Social que se votó a fines de 2016, y que conquistaron los movimientos sociales con mucha organización en las calles, esta ley fue el primer instrumento normativo que menciona a lxs trabajadorxs de la economía popular como tales. Toda esa población que era pensada como desempleada o solo vista como beneficiaria de planes sociales, pero que en realidad ya con la lucha piquetera del 2001 y las ollas populares se fue organizando y generando su propio trabajo luego de la crisis y construyendo una nueva identidad”, explicó Lombardo, quien tiene a su cargo este registro. 

La entrevistada señaló al respecto que “el registro es una herramienta fundamental que tiene dos objetivos centrales: Uno es conocer el mundo de lxs trabajadorxs de la economía popular, quiénes son, cuántos, cómo se organizan, qué hacen y dónde lo hacen, por eso va a inscribir por rama de actividad económica, la modalidad de organización del trabajo y la ubicación territorial. Las ramas de actividad que identificamos como más grandes son: servicios socio-comunitarios, reciclado y mejoramiento ambiental, industria manufacturera -alimentos y textil-, la agricultura familiar, el comercio popular y  trabajos en espacios públicos”. En tanto que el segundo objetivo tiene que ver con “reconocer en términos de derechos, es un instrumento que va a permitir acceder a determinadas herramientas, algunas que ya existen -como el programa Potenciar Trabajo- y otras que estamos planificando desde el Ministerio de Desarrollo Social para acompañar el desarrollo productivo de lxs trabajadorxs, su integración laboral, económica y productiva en la sociedad, la intención no es dar solo asistencia social sino avanzar y dar un salto para que puedan sostener sus emprendimientos, sus trabajos, crecer laboralmente”.

Sobre los instrumentos que se implementarán para un sector que se estima abarca entre 4 y 6 millones de trabajadorxs, la socióloga aseguró que tendrán que ver con “herramientas fiscales, con monotributos accesibles para que puedan acceder a aportes jubilatorios y facturar, también herramientas financieras como créditos no bancarios, para que puedan crear una cuenta bancaria de libre disponibilidad, porque las cuentas de los salarios sociales no pueden tener movimiento más que lo del Estado, entonces así podrían disponer de dinero, hacer transferencias/recibir, también herramientas laborales para complementar sus ingresos, comercializar en ferias y herramientas de capacitacion y certificación laboral”. 

Respecto de las políticas públicas necesarias para un sector históricamente relegado y que sufre con mayor dureza las consecuencias de la pandemia, Lombardo señaló que “es fundamental entender que se trata de una forma distinta a la del modelo formal y asalariado pero es trabajo y hay que reconocerlo, si bien no son valorados en el mercado son esenciales para la sociedad, la pandemia lo demostró aún más, son fundamentales en la sociedad pero no generan valor en términos capitalistas. Ahí es donde tiene que intervenir el Estado para reconocer esos trabajos, y a lxs trabajadorxs y sus derechos. La idea de trabajo es el fuerte, no es un registro de pobreza sino de trabajo, ver qué existe y cómo impulsar más”. 

Pensando en el país post-pandemia y el rol de la economía popular en el desarrollo de la actividad económica nacional, señaló: “La economía popular va a tener un rol fundamental porque ahí se desempeñan áreas muy dinámicas”. A modo de ejemplo indicó: “Tal es el caso de la construcción a pequeña escala. La urbanización de los barrios populares, que según el Registro Nacional de Barrios Populares son 4400 en el país, es realizada por este sector y moviliza toda la cadena de la economía. También lo que realizan las trabajadoras comunitarias sosteniendo barrios enteros, los trabajos de reciclado y mejoramiento ambiental, las cooperativas textiles que muchas se pusieron al hombro la elaboración de insumos sanitarios para Estado cuando el mercado no los proveía”. 

Trabajadoras al frente

Al registro, que se abrió el 7 de julio pasado a través de una página web, ya se inscribieron más de 100 mil personas de las cuales el 60 por ciento son mujeres y alrededor de un 0,3 por ciento de quienes se registraron son personas trans y otras identidades de género.

“Gran parte de las tareas de la economía popular son realizadas por mujeres, su participación se concentra en la rama socio-comunitaria, en los trabajos de cuidados, en comedores y merenderos, los roles históricamente más asignados”. Un dato importante es que en el registro se pregunta la identidad de género de la persona, lo que es “algo bastante disruptivo en nuestro sector y está fuertemente atravesado por la necesidad de incorporar la perspectiva de género en todas las políticas para pensar cómo se da la organización y participación de mujeres y personas travestis/trans. La Secretaría de Economía Social tiene un equipo de género muy activo trabajando para transversalizar la perspectiva de derechos en todos los programas”. 

Una de las actividades dentro de la rama sociocomunitaria son las tareas de cuidados de personas: niñxs, ancianxs, enfermxs, así como también las tareas que se desarrollan en comedores y merenderos y que garantizan la alimentación del barrio y que “están siendo parte esencial de esta etapa y es clave lograr su reconocimiento”, destacó la entrevistada. En relación dijo que “la Secretaria tiene una Dirección de Cuidados Integrales que está trabajando fuerte en el reconocimiento institucional de todas estas tareas como trabajo, ya que para este registro esas compañeras son trabajadoras y como tales tienen que tener ingresos, poder acceder a salud, jubilación”. En consonancia valoró que este primer reconocimiento de las tareas no remuneradas -sobre todo en lo comunitario-, puede constituir “un paso importante para la difusión y el reconocimiento de las tareas de cuidados en toda la sociedad”.

En esa línea es que se presentó en el Congreso nacional un proyecto de ley que busca reconocer económicamente el trabajo que realizan las mujeres en los comedores y merenderos durante la emergencia sanitaria por pandemia. La iniciativa que lleva el nombre de Ley Ramona por la dirigente social de la Garganta Poderosa, Ramona Medina, que falleció víctima del coronavirus en la Villa 31 y que había denunciado semanas antes la falta de agua en el lugar, fue presentada por el diputado nacional Leonardo Grosso (Frente de Todxs) y busca reconocer desde el Estado a quienes sostienen todos los días y en este contexto más aún, espacios comunitarios esenciales para el cuidado y el sostenimiento de miles de familias que dependen de ello para subsistir. 

Para cerrar Lombardo subrayó que la economía popular “es clave para organizar y fomentar gran parte del trabajo que va a ser necesario para la salida de la pandemia. Se trata de trabajadorxs que se la están aguantando mucho y también necesitan garantizar sus ingresos, pero además realizan tareas que son y van a ser claves en términos sociales y para movilizar las diferentes cadenas productivas”. 

Foto portado ph Celina Méndez


Euge Rodríguez

Euge Rodríguez

Licenciada en Periodismo en Universidad Nacional de Rosario. (@RodriguezEugeOk)