Durante los últimos años los Estados han comenzado a preguntarse qué herramientas pueden ser aplicadas en torno a los varones que ejercen violencia. Las discusiones no han esquivado la polémica sobre si es necesario destinar recursos públicos no solo a las víctimas sino también a los agresores y los debates sobre los límites del punitivismo. En este contexto, en Rosario funciona desde 2015 el Dispositivo de Atención con Varones que ejercen Violencia de Género -dependiente de la Secretaría de Género y Derechos Humanos- uno de los primeros en crearse en el país. Desde Reveladas charlamos con su coordinador, el psicólogo Ignacio Rodríguez, para conocer su funcionamiento actual. Además, contó que trabaja en la construcción de un Área de Masculinidades que profundice en las acciones de prevención y educación.

El dispositivo surgió a partir de un proyecto que Rodríguez presentó en el Instituto de la Mujer luego de atender en su consultorio un varón que ejerció violencia. “No sabía si seguir atendiéndolo y estaba buscando algún dispositivo que lo pudiera contener; vi que no había nada y lo seguí recibiendo porque lo supervisé y me habilité, pero también presenté un proyecto. Me llamaron y lo comenzamos a delinear y trabajar con otras psicólogas”, contó el también integrante del Instituto de Masculinidades y Cambio Social de Argentina, un espacio que se propone “intervenir en el campo de las políticas de género destinadas a varones y masculinidades”.

En ese marco, rescata que el dispositivo se pensó en el año de Ni Una Menos, lo cual llevó a que se generen controversias y rechazos “porque no se sabía de qué se trataba y por la presunción de que si se destinan recursos a los violentos se les está quitando a las víctimas, a eso se sumaba la duda sobre si estos varones podían cambiar. Creo que los prejuicios se fueron desarmando a lo largo del tiempo también porque la mirada punitivista no termina de dar soluciones y se fue generando una mayor visión sobre la necesidad de apostar a estos dispositivos”.

Forma de trabajo

Actualmente, el sistema es utilizado por varones derivados del Poder Judicial de la provincia, como un requisito a cumplir que contempla su condena. Los límites que se fijaron los profesionales son claros: no reciben femicidas ni condenados por delitos sexuales por “ética profesional”. Son varones que han ejercido violencia vinculada a sus distintas varientes: agresiones, amenazas, acoso, hostigamiento por redes sociales o violencia física.

En primer lugar antes de admitirlos se le realiza una serie de preguntas “para ver si se pueden responsabilizar de su violencia, si es así los invitamos a participar de un espacio grupal coordinado por psicólogxs. Las entrevistas son importantes porque necesitamos que el varón se apropie de su problemática, porque algunos llegan obligados por las instancias judiciales y echándole la culpa de lo que había ocurrido a la mujer, eso no nos sirve porque pueden boicotear el grupo”. Cabe aclarar que tampoco reciben a menores de 18 años.

Según explicó el coordinador, una de las principales falencias de estos años ha sido “la lucha” por poder sostener los recursos humanos dentro del dispositivo teniendo en cuenta la falta de presupuesto de los años anteriores y los contratos laborales precarios del municipio. Esta situación también ha impedido que se reciban varones violentos que desean acudir al dispositivo por propia voluntad, al no contar con suficientes profesionales para trabajar con ellos, ya que al momento solo disponen de cuatro psicologxs. Rodríguez explicó que “cuando empezamos a trabajar cerca de un 30 por ciento se acercaba de forma voluntaria pero luego nos tuvimos que quedar solo con los derivados de la Justicia porque no dábamos abasto y nos restringimos para dar una respuesta efectiva. Sería importante trabajar con voluntarios porque de esta manera nos anticiparíamos al problema, sin llegar a la instancia de violencia”.

“Nunca hicimos estadísticas firmes pero teníamos un promedio anual de 300 varones que pasaban por el dispositivo, de los cuales terminaban el proceso más de la mitad, algunos abandonaban, otros tenían limitaciones económicas para trasladarse o patológicas que requerían otro tipo de abordaje como consumo problemático de sustancias o trastornos de personalidad. Cuando terminaban lo único que se hacía a modo de seguimiento es solicitarle a Fiscalía si había tenido reincidencia en la violencia de género y hasta el momento eso no ha ocurrido. Sabemos que como evaluación de eficacia de un dispositivo no es suficiente pero son datos que nos alientan a seguir trabajando”, graficó.

Las medidas sanitarias impuestas por el COVID-19 (coronavirus) obligaron a modificar las rutinas laborales y sociales y este dispositivo no fue la excepción. “Durante el aislamiento se hicieron llamadas telefónicas con los que ya habían asistido de forma presencial y a los varones que llegaban nuevos se les hacía una llamada telefónica avisando que se retomaría el dispositivo cuando las condiciones sanitarias estén garantizadas. Ahora lo que se hace es un seguimiento semanal, no de control sino de orientación y contención para que de algún modo se sientan referenciados con el espacio, además se les habilitó un teléfono para que nos llamen cuando están en alguna situación crítica o que no pueden manejar, además de la llamada que les hacemos nosotros”, dijo.

Área de Masculinidades

El objetivo de Ignacio y el equipo es avanzar no solo en el tratamiento de los varones violentos, sino también crear dentro del municipio un Área de Masculinidades que involucre al dispositivo y otro conjunto de acciones vinculadas a la revisión y deconstrucción de las masculinidades hegemónicas, que dañan a las mujeres y disidencias pero también a los propios varones que no “encajan” dentro de los estándares deseables.

“…los mandatos sociales y familiares acerca del modelo de masculinidad deseable conllevan altos costos físicos y psíquicos, tales como: una menor relación con los sentimientos y afectos, una necesidad de afrontar peligros, demostrar fuerza y responder en forma agresiva, ganar peleas, estar dispuestos sexualmente, etc. Algunos estudios vinculan esos mandatos con las cifras más elevadas en los varones que en las mujeres de accidentes de auto, moto, bicicletas, consumo excesivo de alcohol y drogas, suicidios” (Olga Niremberg, socióloga).

“La idea es generar espacios de sensibilización y promoción donde los varones se puedan pensar como sujetos de género y que el hecho de que sea una relación desigual con los demás géneros también es una forma de violencia. La Ley Micaela ofrece un marco para capacitar sobre masculinidades a espacios como por ejemplo los Centros Territoriales de Denuncia o cualquier ámbito estatal. Hay mucho para trabajar sobre los mandatos y los privilegios de los modelos hegemónicos de masculinidad”, cerró.