En el marco de la crisis sanitaria por la pandemia de Covid 19 y su impacto en la estructura económica y social de los países, América Latina y el Caribe registran un retroceso de más de una década en las condiciones laborales y de participación en el mercado de trabajo de las mujeres. 

Los datos se desprenden del informe especial COVID-19: La autonomía económica de las mujeres en la recuperación sostenible y con igualdad, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) e indican que la tasa de participación laboral de las mujeres se situó en 46 por ciento en 2020, lo que representa 6 puntos por debajo del 52 por ciento de 2019, en tanto que la de los hombres fue del 69 por ciento frente al 73,6 por ciento del año anterior.

Por su parte, se calcula que la tasa de desocupación de las mujeres llegó al 12 por ciento en 2020, porcentaje que se eleva al 22,2 por ciento si se asume la misma tasa de participación laboral de las mujeres de 2019 . El organismo regional estima que alrededor de 118 millones de mujeres latinoamericanas se encuentran en situación de pobreza, 23 millones más que en 2019.

Al respecto, Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL, señaló en la presentación del documento: “Las mujeres de la región son parte crucial de la primera línea de respuesta a la pandemia. Un 73,2 por ciento de las personas empleadas en el sector de la salud son mujeres, quienes han tenido que enfrentar condiciones de trabajo extremas, como extensas jornadas laborales, que se suman al mayor riesgo al que se expone el personal de la salud. Todo esto en un contexto regional en el que persiste la discriminación salarial, pues los ingresos laborales de las mujeres que trabajan en el ámbito de la salud son un 23,7 por ciento inferiores a los de los hombres del mismo sector”.

Según evaluaciones de impacto realizadas por la CEPAL y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), existen sectores económicos que presentan mayor riesgo en términos del volumen de producción y de empleo como consecuencia de las medidas adoptadas para frenar los contagios. En relación, se prevé un impacto alto en sectores altamente feminizados como el comercio, las industrias manufactureras, el turismo y el servicio doméstico.

El informe de CEPAL mencionado indica que un 56,9 por ciento de las mujeres en América Latina y un 54,3 por ciento en el Caribe se encuentran ocupadas en sectores en los que se prevé un mayor efecto negativo en términos del empleo y de ingresos por causa de la pandemia. Por otra parte, el estudio remarca que el trabajo doméstico remunerado, que se caracteriza por una alta precarización y por la imposibilidad de ser realizado de forma remota, ha sido uno de los sectores más golpeados por la crisis. 

“América Latina y el Caribe debe invertir en la economía del cuidado y reconocerla como un sector dinamizador de la recuperación, con efectos multiplicadores en el bienestar, la redistribución de tiempo e ingresos, la participación laboral, el crecimiento y la recaudación tributaria”, afirmó Bárcena en ese sentido, y destacó la urgencia de reforzar las políticas de empleo, impulsar medidas de atención inmediata a la pérdida de ingresos,  y asegurar a las mujeres participación en los sectores dinamizadores de la economía en condiciones de trabajo decente. 

Otro aspecto señalado en el informe del organismo tiene que ver con las desigualdades en el acceso a conocimientos vinculados con las tecnologías digitales. Sobre este punto, destacan que “urge promover procesos de transformación digital incluyentes que garanticen el acceso de las mujeres a las tecnologías, potencien sus habilidades y reviertan las barreras socioeconómicas que estas enfrentan, de manera de fortalecer su autonomía económica”.

Finalmente, la titular de la CEPAL señaló que “resulta fundamental avanzar en un nuevo pacto fiscal que promueva la igualdad de género y que evite la profundización de los niveles de pobreza de las mujeres y la sobrecarga de trabajo no remunerado” así como “acciones afirmativas en el ámbito de las políticas fiscales, laborales, productivas, económicas y sociales, que protejan los derechos de las mujeres alcanzados en la última década, que eviten retrocesos y que enfrenten las desigualdades de género en el corto, mediano y largo plazo”.