De cara a las elecciones Generales del próximo 16 de junio, Reveladas charló con las primeras candidatas mujeres de las listas a concejalxs de la ciudad de Rosario para conocer sus opiniones y propuestas sobre políticas para prevenir y erradicar la violencia hacia las mujeres, lograr la igualdad y el respeto por la diversidad. En esta oportunidad fue el turno de Caren Tepp, candidata a renovar su banca en el Concejo Municipal por Ciudad Futura.

La entrevistada se refirió a la organización actual de las mujeres y a la necesidad de que las instituciones estén a la altura de los cambios sociales, en tanto que insistió en la importancia de la paridad y la educación sexual integral. «Nuestro desafío principal es abonar a la construcción de proyectos políticos de transformación», señaló y aseguró que «el problema hoy es que no se le da un lugar de jerarquía a las políticas públicas que buscan prevenir y erradicar las violencias machistas».

–En el marco del movimiento Ni Una Menos que desde el 2015 viene consolidándose en nuestro país y en la ciudad, ¿Cuáles considera que son las principales demandas de las mujeres y disidencias en Rosario?

El Ni Una Menos fue un punto de inflexión en nuestro país que masificó de alguna manera las demandas que el movimiento de mujeres sostenía desde hace muchos años. El grito urgente y primordial de que dejen de matarnos interpeló masivamente a la sociedad en su conjunto, y nos permitió a las mujeres fortalecernos en la lucha contra la violencia machista, crecer en organización y avanzar en nuestras demandas. No nos alcanza con estar vivas, queremos ser libres de imposiciones y estereotipos, decidir sobre nuestro cuerpo, proyectar nuestras vidas en igualdad de condiciones y ocupar los lugares de poder para transformar la realidad.

Ese proceso de crecimiento y empoderamiento devino en unos de los sujetos sociales más movilizados de los últimos años, y nos permitió incorporar muchas de nuestras demandas a la agenda pública, incluso logrando que por primera vez en la historia de nuestro país el Congreso de la Nación discuta la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Esa lucha, que la damos desde una una herramienta plural, federal y colectiva como es la Campaña por el derecho al aborto, expresa nuestras demandas esenciales, en la tríada inseparable e innegociable que se inscribe en el pañuelo verde: ESI, políticas públicas y aborto legal.

Nuestro crecimiento como movimiento nos lleva también a discutir cuál es el modelo de sociedad y de país que queremos construir. En ese sentido, los feminismos sabemos que el neoliberalismo, con sus políticas de ajuste, es decididamente enemigo de nuestros derechos y por eso este año el 3J lleva como consigna: el ajuste es violencia. Allí radica más que una demanda, nuestro desafío principal es abonar a la construcción de proyectos políticos de transformación que tengan como horizonte sociedades más justas e igualitarias.

–¿Qué políticas públicas cree que son necesarias para prevenir la violencia machista? ¿Qué se puede hacer desde el Concejo?

Primero, se trata de asumir que los avances que se generan desde la sociedad van mucho más rápido y que las instituciones deben estar a la altura de las circunstancias. Desde el Concejo hay que acompañar las luchas y generar acciones que aporten en esta transformación. El movimiento feminista es un claro ejemplo de esto. Si revisamos la legislación que ya está aprobada en el Municipio y en la Provincia, nos daríamos cuenta que existe una multiplicidad de herramientas ya sancionadas. Entonces, para nosotras, el diagnóstico de lo que falta es en relación a la transversalización de la perspectiva de género, del cambio en las formas de gestionar y de hacer. Dejar de incluir a las políticas de violencia de género como temas sectoriales y entender que el feminismo tiene que ser la columna vertebral de un programa de gobierno.

Desde el bloque de Ciudad Futura en el Concejo venimos trabajando la perspectiva de género transversalmente y, a la vez, creando proyectos específicos en respuesta a diversas problemáticas. Algunos de los proyectos de ordenanzas que impulsamos fueron la “Posta Urbana contra la violencia de género”, containers en distintos puntos de la ciudad que permitan tanto la difusión de información y derechos, como la posibilidad de acompañamiento y asesoramiento en articulación con instituciones y organizaciones; el “Equipo Móvil contra las violencias”, para abordar las situaciones de violencia desde la cercanía y el acompañamiento activo. También impulsamos proyectos vinculados a los partos y nacimientos respetados, entendiendo a la violencia obstétrica como una forma de violencia machista.

–¿Cómo evalúa las respuestas del Estado local ya sea en prevención como en erradicación de la violencia machista?

En todos los niveles del Estado hay legislación, dispositivos o programas, muchos de los cuales podrían mejorarse seguramente; pero lo que es fundamental es el presupuesto que se le asigna a cada cosa, como se destinan los recursos, cómo se priorizan, cómo y con quién se define llevar adelante las acciones.

El problema es, básicamente, que no se le da un lugar de jerarquía a las políticas públicas que buscan prevenir y erradicar las violencias machistas, tanto para acciones urgentes como para políticas a mediano y largo plazo. Además otra de las ausencias que disminuyen la efectividad de las políticas de erradicación de violencia machista es la falta de articulación entre los niveles -estamentos del estado y fundamentalmente con las mujeres-organizaciones que ocupan un rol fundamental en estos casos.

La violencia de género necesita una red de contención y acompañamiento que el Estado hoy no ocupa y que históricamente las mujeres nos autogestionamos, las políticas públicas más efectivas son las que se desarrollan con los saberes de los territorios.

–¿Qué visión tiene sobre el trabajo doméstico no remunerado? ¿Cuenta con alguna propuesta sobre dicho tema?

El trabajo doméstico no remunerado lo hacemos las mujeres, hay datos que demuestran que invertimos tres horas más que los hombres en esas tareas, que además se invisibilizan y se nos plantean como naturalmente propias. Incluso la inserción de las mujeres en el mundo laboral no modificó la distribución de las tareas domésticas. Ya desde hace mucho tiempo se convirtió en un tema central en el análisis de la inequidad de género y en una preocupación de la agenda feminista.

La organización social del cuidado es en sí misma un elemento de reproducción de la desigualdad socio-económica y de género. Entonces es urgente trabajar en políticas públicas que redistribuyan las responsabilidades de cuidado, con un fuerte rol del Estado para correr la cuestión del ámbito de lo privado e individual al ámbito de lo público y comunitario. En este aspecto también como lo planteamos antes en relación a los dispositivos para erradicar la violencia, es fundamental que el Estado articule y ponga en valor las experiencias comunitarias que ya existen.

En nuestra organización tenemos proyectos en marcha para prefigurar otro forma de organizar las tareas de cuidado, como el jardin de gestión social de la Escuela Ética o experiencias de cuidado comunitario en los espacios barriales. En cuanto a la tarea legislativas hemos trabajado en proyectos como el «Programa Municipal de Cuidados» que busca construir un sistema de redistribución social del cuidado, involucrando a las partes privadas, comunitarias y estatales; jardines para primera infancia o licencias de paternidad. Y hay un proyecto de nuestra autoría que ha sido aprobado, que establece la confección de una encuesta de uso del tiempo en la ciudad por parte de la Dirección General de Estadística en coordinación con la Facultad de Ciencias Económicas, entendiendo que la información es esencial a la hora de confeccionar políticas públicas adecuadas a la realidad de cada territorio.

–¿Cree importante que la ley que establece la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todxs lxs agentes del Estado (ley Micaela) se lleve adelante a nivel local? ¿Tiene alguna propuesta al respecto desde el Concejo?

Sí, no sólo lo consideramos importante sino fundamental. Al comienzo de la campaña electoral nuestro candidato a intendente Juan Monteverde firmó un compromiso de «Buen Gobierno» donde planteamos, entre otras medidas, la implementación municipal de la Ley Micaela, también como medida complementaria que el gabinete municipal y otros cargos, como las direcciones de distrito, deben designarse con criterios de paridad de género.

En ese sentido, presentamos también hace unos años un proyecto para que se generen compilados (digestos) de toda la normativa vigente, para contar con un material que sistematice y esté al alcance de todas y todos los trabajadores. También, aunque no sea función del Concejo, encomendamos a la provincia que genere un “Compendio Jurídico en Materia de Género” de fallos ejemplares en favor de las mujeres, para contribuir a la formación de operadores judiciales.

–¿Cuál es su opinión sobre el reclamo de paridad en las listas electorales?

Siempre es muy importante insistir en el tema de garantizar la paridad en las listas. La paridad electoral ha sido un importante paso, fruto de la lucha de colectivos feministas, dejando claro que no hay democracia sin mujeres. En nuestra provincia, en contra de todos los avances nacionales, todavía no se logra aprobar la paridad demostrando que hoy las viejas estructuras de los partidos tradicionales no van acorde a los cambios sociales. Sin nuevos partidos políticos, sin una nueva forma de hacer política, no se puede pensar una democracia paritaria.

De todas maneras, nosotras entendemos que los pisos de mínima participación de las mujeres jamás deben ser un techo, porque partimos de una situación de desigualdad estructural. Por eso nuestra primera participación en una elección nacional fue con una lista a diputadas integrada 100% por mujeres, la primera en el país. La lista el «Poder de las Mujeres» fue una acción política para profundizar los debates, traspasar fronteras y así fuimos llegando a las charlas en las mesas familiares. La justicia patriarcal impugnó la lista, obligándonos a incorporar un 30% de varones, y respondimos con la categoría política de “candidatos en rebeldía”. Mientras transitamos todo este proceso judicial, se aprobó la Ley de Paridad, obligando a que en los cargos nacionales se garantice equidad de género. Todo esto tiene un impacto concreto, con transformaciones que seguirán siendo cada vez más imparables, ya no sólo en las calles, sino también dentro de las instituciones.

–¿Cómo es la situación del cupo laboral trans en la ciudad, aprobado en el 2016? ¿Qué políticas sobre diversidad sexual creen que son necesarias?

La Ordenanza de 2016 establece que la Municipalidad de Rosario debe incorporar, todos los años, cinco personas travestis, transexuales y transgénero a su planta de personal municipal. Esta conquista de las organizaciones LGTBI se aprobó luego de muchos debates en comisiones con el voto positivo de la mayoría de los bloques salvo el Pro. El año pasado ingresamos un pedido de informe respecto a las acciones implementadas en el marco de esta ordenanza. No obtuvimos respuesta, por lo que no podemos contestar con precisión pero entendemos que se ha avanzado en el registro y en la contratación con el cupo mínimo que establece la ordenanza. De todos modos creemos que hay que elevar el piso y generar mecanismos para incorporar el cupo al sector privado.

Son fundamentales las políticas orientadas a las personas trans, que son las más damnificadas dentro de las disidencias. Por eso el cupo tiene la efectividad de poner el tema en agenda y dar un primer paso en ese sentido, pero es necesario avanzar en el acceso al empleo de las personas trans como así también en el pleno acceso a la salud, no solo en cuestiones como tratamientos hormonales sino en la preparación necesaria de las y los profesionales y del sistema de salud pública para atender sus problemáticas específicas, además hacerlo de manera inclusiva, sin maltrato o discriminación.

Creemos que las políticas para la diversidad van de la mano de las políticas de género, las luchas de las mujeres y disidencias están hermanadas porque nuestras demandas parten de la misma desigualdad y opresión que impone el patriarcado. En ese sentido demandas como la efectiva aplicación de la ESI u otras políticas que trabajen contra toda forma de discriminación en cuanto a la condición de género u orientación sexual, en la ruptura de estereotipos y en la visibilización de las diversas formas vincularse, son necesarias para construir una sociedad menos violenta y más igualitaria.

–¿Qué opinión le merece la aplicación de la ley de Educación Sexual Integral? ¿Qué políticas se pueden impulsar desde el Concejo para garantizar su implementación ?

Una de las políticas públicas imprescindibles cuando hablamos de políticas a largo plazo para erradicar la violencia de género es, sin dudas, la implementación de la ley de Educación Sexual Integral para todos los niveles y de forma transversal a todos los contenidos de enseñanza. Es fundamental seguir impulsando políticas públicas que fomenten el empoderamiento, el ejercicio de derechos, la diversidad; que generen rupturas de estereotipos, mandatos y prejuicios, que promuevan nuevos vínculos; políticas desde las infancias y en distintos ámbitos. Es urgente que se aplique la ley y que se cuente con el financiamiento necesario.

No es real que desde el municipio no se puede hacer nada para impulsar la efectiva implementación de la ESI, es necesario reconocer y acompañar a los colectivos que autogestivamente vienen realizando tareas de formación docente. Además, el municipio regula y supervisa técnica y pedagógicamente los jardines particulares de la ciudad, que son más que los públicos, gestiona también una gran cantidad de espacios de educación no formal para jóvenes y adolescentes, con los mecanismos necesarios y la voluntad política suficiente, los contenidos de la ESI son aplicables a muchas instancias de formación que no necesariamente son la educación formal.

En este marco desde nuestro bloque estamos presentando un proyecto que crea un programa de implementación y promoción de lecturas y juegos no sexistas, para que el municipio facilite estos materiales, formación y asesoramiento a jardines, escuelas y centros comunitarios.

–¿Considera que debe aprobarse la ley de interrupción voluntaria del embarazo? ¿Por qué?

Sí, por supuesto, el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes debe estar reconocido por el Estado. La discusión no es aborto si o aborto no, las mujeres están dispuestas a poner en riesgo su vida antes que incurrir en una maternidad no deseada, quienes no apoyan la interrupción voluntaria del embarazo, no hacen más que empujarnos a la clandestinidad.

El hecho de que por primera vez el proyecto de ley de IVE se presente en un año electoral, da cuenta de que el aborto ha salido del closet y se metió de lleno en la agenda pública. Creo que ya hemos ganado el debate en la calle y en las nuevas generaciones, pero además lo hemos ganado dentro de las organizaciones políticas. Por eso no importa el costo electoral, nosotras vamos igual con nuestro proyecto y los partidos no lo pueden frenar y quizás por eso también los antiderechos tienen que conformar sus propios espacio políticos, porque habrá de todo al interior de cada partido pero ya no hay organización en su conjunto que resista posicionarse en contra de nuestro derecho.

En el debate parlamentario del 2018 se ha dicho todo, argumento jurídicos, políticos y desde la perspectiva de salud pública, del otro lado la vieja política y los sectores más retrógrados de la sociedad conservadora que se niegan a toda ampliación de derechos que rompa el statu quo. Pero la marea verde, con las pibas al frente, llegó para revolucionarlo todo. Los pañuelos no se guardan, la lucha sigue y más temprano que tarde, será ley.