A través de su secretaria adjunta, Gabriela Hemela, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina -AMMAR-, sindicato que nuclea a lxs trabajadorxs sexuales, presentó un proyecto de ordenanza en el Concejo Municipal de Rosario para la implementación de políticas públicas que resuelvan la emergencia habitacional en la que se encuentran.
El pasado 27 de julio ingresó al Concejo Municipal un proyecto que busca crear el programa de “Atención Habitacional para Trabajadoras y Trabajadores Sexuales y sus familias”, donde se expone la actual situación que atraviesan en torno al acceso a la vivienda en la ciudad.
«La necesidad de atender la emergencia en la que se encuentran las compañeras y compañeres que hoy están lidiando con juicios de desalojos es imperante», manifestó Gabriela Hemela, secretaria adjunta de AMMAR en Rosario, a la par que reconoció que si bien desde la Comisión de Derechos Humanos del Concejo admitieron el año pasado la situación de vulnerabilidad y precariedad de dicho colectivo, “todavía se nos somete a la clandestinidad por la falta de reconocimiento de nuestros derechos laborales, sociales y previsionales. Esta política es una urgencia que el Estado debe atender de inmediato».
Desde los inicios de las medidas de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a raíz de la pandemia por Covid-19 en el 2020, se agravaron las de por sí complejas realidades de quienes viven del trabajo sexual. Alrededor de 130 familias fueron asistidas a nivel local con bolsones de comida y otras acciones paliativas organizadas desde el propio sindicato. “No es lo mismo transitar una pandemia con derechos laborales que transitarla despojadxs de derechos”, resalta Gabriela y agrega que “las inmobiliarias, pese al DNU 61/21, no tuvieron piedad. Sentimos mucha violencia, y más allá de que pudimos articular con la Asociación de Inquilinos, muchxs compañerxs quedaron en la calle, y con hijxs. Nos sostuvimos en red”.
El proyecto
La propuesta tiene como objeto la promoción y protección Integral de los derechos humanos de trabajadoras y trabajadores Sexuales y sus familias que estén en situación de calle o en riesgo de estarlo, que tengan una residencia mínima en la ciudad de un año y que posean ingresos menores al índice de la canasta básica alimentaria mensual del INDEC. Se propone la creación de un área específica dentro de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat, que actúe coordinadamente con la Secretaría de Género y Derechos Humanos municipal.
Dentro de los derechos reconocidos implementará el otorgamiento de subsidios con fines exclusivamente habitacionales. Se prevé una ayuda económica de hasta 180 mil pesos y el acuerdo de convenios con el Banco Municipal para promover líneas de crédito con tasa preferencial. El objetivo último es promover y proteger los derechos humanos de manera autónoma y organizada para un colectivo más que perjudicado.
“Pudimos tener una reunión y han entendido que nuestro sector está vulnerado. Esperamos en agosto tener un nuevo encuentro para que concretamente empecemos a articular”, detalló la dirigenta sindical.
En Argentina el trabajo sexual no es un delito, sin embargo, en 18 provincias continúan vigentes artículos contravencionales que criminalizan con multa y/o arresto su ejercicio en la vía pública. Las trabajadoras y trabajadores sexuales no tienen acceso a una obra social ni a aportes jubilatorios y existe una confusión entre trata y trabajo sexual que habilita a allanar los departamentos privados de trabajadoras autónomas.
“Así como es el Estado quien se tiene que encargar de la problemática de la trata de personas, tiene que haber derechos laborales para quienes decidimos sobre nuestros cuerpos”, culminó Gabriela.
Foto portada Ph Paula Sarkissian.
