En febrero de este año un editorial del diario La Nación titulado Niñas madres con mayúsculas aseguraba que hay que tomar “como ejemplo” a las niñas que se convierten en madres, hablaba también sobre lo natural e instintivo de ese proceso para las mujeres, en tanto es algo que “nace de sus ovarios casi infantiles”. Los repudios a esta nota que hace apología del delito de violación que somete a niñas a embarazos y maternidades forzadas, y que desinforma sobre los derechos vigentes para interrumpir el embarazo en nuestro país, fueron inmediatos y el #NiñasNoMadres invadió las redes en un nuevo grito colectivo por el derecho a la dignidad de las vidas de las mujeres y disidencias.

Dicho editorial se da en un año en el que ya se conocieron públicamente varias situaciones de niñas violadas a las que se les niega el derecho a acceder al aborto legal y se las somete a transitar embarazos y partos forzados. Salta, Tucumán, Jujuy vuelven a escena por incumplir ese derecho, por desconocer lo que la legislación nacional estableció en el artículo 86 del Código Penal de la Nación desde 1921 y la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó en el fallo F.A.L. que cumplió este mes siete años, y que obliga a todos los distritos provinciales a adherirse al protocolo nacional de cumplimiento de la interrupción legal de embarazo (ILE), al cual sólo 10 jurisdicciones adhirieron, según consigna el último informe sombra a la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Desde Reveladas charlamos con Susana Chiarotti, abogada rosarina, fundadora del Instituto de Género, Derecho y Desarrollo (Insgenar) en Rosario e integrante del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los derechos de las Mujeres (Cladem), organización que en 2016 dio a conocer el balance regional Niñas Madres. Embarazo y maternidad infantil forzada en América Latina y el Caribe, realizado en 14 países de la región y que fue actualizado un año y medio después de ser publicado, con el nombre Jugar o Parir.

Sobre la coyuntura actual Chiarotti es contundente: “Estamos viviendo un recrudecimiento del ataque fundamentalista como reacción a todo el avance que hicimos las mujeres estos años. Pisando sobre nuestra derrota de agosto pasado en el Congreso por el derecho al aborto legal, lo que estamos viendo es como se está usando la estrategia de forzar a las niñas a ser madres para torcer la voluntad del Estado”, asegura y retoma lo que se plantea en el informe de Cladem sobre la necesidad de llamar a estas prácticas por su nombre: “Es una tortura, porque se fuerza a un cuerpo infantil – también si fuera adulta- pero es más grave cuando es un cuerpo infantil, a llevar nueve meses y alimentar a un ser que no se ha buscado ni deseado, y a ser madre toda la vida, en una edad en la que aún no terminaron de jugar, de estudiar, de crecer”.

La actualización del informe regional no es alentadora. “Lo que nos preguntábamos luego del primer informe y sus interpelaciones a los Estados es si se había implementado -un año y medio después- alguna política para mejorar la situación de las niñas, y la respuesta la tenemos: no hubo cambio en el número de partos de niñas forzadas a ser madres a los 10, 12, 13 años”.                         

En Argentina 2500 niñas menores de 15 se convierten en madres por año, lo que ubica al país como uno de los lugares de la región con mayor nivel de embarazo infantil y adolescente, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Además del impedimento en el acceso a un derecho como lo es el aborto por causales, las consecuencias a nivel de la salud, sociales y culturales para las niñas son alarmantes.

Sobre ello Susana indica: “Las nenas violadas a las que las hacen sufrir un embarazo forzado no tienen formado totalmente el útero, no tienen la columna vertebral totalmente desarrollada y tienen escasez de calcio porque están creciendo, no tienen piso pélvico, ni canal de parto. Entonces en aquellos lugares donde las obligan a llevar un embarazo a término pasan días sufriendo, agonizando y muchas mueren en el parto ya que el promedio de riesgo de muerte es cinco veces mayor que las adultas. Y también hay otro riesgo físico y social que es el de la fístula obstétrica, que significa que se rasga la pared de la vagina que comunica con el recto, con lo cual esa persona toda la vida va a tener infiltración de materia fecal en la vagina, quedando inhabilitada socialmente por el olor, por lo que significa eso. Lo que hay que entender es que menstruar, llegar a la pubertad, no significa estar físicamente preparada para llevar un embarazo ni para parir, no es simultáneo, el cuerpo necesita aún crecer y madurar.”

En cuanto a otro aspecto clave al momento de pensar en el derecho a una vida digna por parte de las niñas, Chiarotti menciona: “Ni hablemos de lo que significa psíquicamente, el hecho de que Lucía –la nena de 11 años que en Tucumán fue obligada a parir tras una violación- haya intentado suicidarse con un cuchillo clavándoselo en la pansa es simbólicamente claro, en el sentido de que no quería lo que le había puesto ese viejo ahí y atacaba la pansa donde estaba eso”.

Torturadas de por vida

Obligar a una niña que no ha terminado de crecer a llevar a término un embarazo debe ser considerado tortura, trato cruel, inhumano y degradante según lo que establece la Convención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.

“Este tipo de tortura como la de Lucía hay que denunciarlas como tal y por eso Cladem envió este 6 de marzo último una denuncia a la Relatora Especial sobre la violencia contra las mujeres de Naciones Unidas, Dubravka Šimonovic, en Ginebra, denunciando estos casos como tortura y al Grupo de Trabajo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre Discriminación contra la Mujer en la Ley y en la Práctica, porque es importante desnudar la realidad tal como es y que la gente se ponga en el cuerpo de estas nenas, a las que se les está cortando el futuro para siempre”, expresó Susana.

La abogada, de extensa trayectoria en materia de derechos de mujeres y niñas, explicó que estamos ante una problemática social que conlleva tres violaciones a los derechos humanos: “Por un lado les imponen una relación sexual que no desearon, por otro tienen que sufrir un embarazo que no buscaron, y en tercer término una maternidad forzada que tampoco buscaron. La maternidad forzada conlleva que tu vida cambie para siempre también a nivel social, porque tus amigxs no van a ser los mismos, tu situación social no va a ser la misma, a muchas nenas le prohíben juntarse con una nena embarazada, se interrumpen los estudios y eso significa condenarlas a un círculo de pobreza que van a repetir con hijxs también pobres, y lo brutal es que estos cuervos, estas corporaciones médicas, religiosas, jurídicas que rodean a las niñas y las atosigan hasta que paren, después desaparecen, le prometen subsidios, viviendas, pero no aparecen más. Es una condena de por vida”

La impunidad de los abusadores

Un gran porcentaje de los casos de abuso sexual son cometidos dentro de las familias, y suelen mantenerse en el silencio, se mantienen impunes.

Sobre el abuso sexual incestuoso, la experta indicó “es más grave que el abuso por extraños en cuanto a las consecuencias que tiene para quienes lo sufren, porque la familia a veces se divide o nadie apoya a la niña, en Brasil -por ejemplo- se demostró que la mayoría de las niñas terminaban en la calle tras denunciar estas situaciones”.

Con respecto a la provincia de Santa Fe, Chiarotti señala que estos abusos son “una epidemia silenciosa que está en todas las clases sociales pero a veces es más evidente en los sectores humildes porque quizá se denuncia más –en los demás sectores reina el silencio o el ocultamiento- o no interrumpen los embarazos. Estamos hablando de uno de los crímenes con más alto nivel de impunidad y eso multiplica los abusos, la no condena alienta al abusador”

En este marco, la entrevistada también se interesa por expresar: “Me alegra igualmente que en estos últimos años se fue rompiendo la barrera del silencio. Las victimas -en parte por las leyes que permiten denunciar después de que se llega a la mayoría de edad lo que abrió el camino a la justicia y reparación, y en parte por el movimiento feminista- se atreven a denunciar, y hay que estar acompañando, es un fenómeno nuevo que está levantando una alerta entre los abusadores, por eso nos acusan de nazifeministas, se ponen en víctimas”

El Estado es responsable

Los embarazos y maternidades infantiles forzadas son síntomas que dan cuenta de la situación de las niñas en sus países en cuanto a violencia, estereotipos, falta de autonomía, apropiación del cuerpo de mujeres y niñas por parte de varones adultos, así como de la falta de políticas públicas estatales de prevención en cuanto a educación sexual, anticoncepción  y acceso al aborto legal.

Cladem señala también en su informe la falta de protocolos para atender el problema del embarazo infantil. Sobre ello Susana indica que “hay que trabajar fundamentalmente en tareas de prevención que no requieren de una norma o una ley sino de medidas de largo plazo que incluyan capacitación de docentes, cambio de los currículos, formación de las familias, alertas de riesgo para niñas que tengan síntomas de ser abusas, y una vez que se detecta si queda embaraza la niña hay que escucharla, apoyarla, y hacer su voluntad. Lucia pedía a gritos que le saquen eso, y en cambio le inyectaron corticoides para madurar los pulmones del feto mientras le decían que eran vitaminas, eso casi es o mejor dicho es, un experimento nazi. Violaron la ley de derechos del paciente, fueron en contra de su voluntad de paciente, violaron todos los derechos de la nena y la familia”.

Sobre la responsabilidad del Estado nacional para proteger y garantizar el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física y psíquica de todas las mujeres y las niñas, mencionó “son necesarias políticas públicas claras y firmes, que hoy no existen ya que el Estado mira para otro lado, lo mismo para con los estados provinciales y municipales que tienen que respetar los derechos fundamentales de las mujeres”.

En ese sentido, evaluó que “en Santa Fe están tomando fuerza los fundamentalismos religiosos, algunas de las iglesias evangélicas conservadoras y fanáticas se están aliando con los sectores reaccionarios de la iglesia católica y están activando mecanismos en coordinación con actores internacionales para frenar la avanzada de los derechos de las mujeres, tienen dinero para financiar actividades y el favor del gobierno nacional, hablan en nombre de dios y pasan por sobre todo lo que el Estado laico está obligado a hacer, quieren imponer un modelo que cuando lo escuchamos de los árabes nos asombra y la diferencia es que no nos hacen usar el velo”.

En el marco de 8 de marzo, Día internacional y plurinacional por los derechos de mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries, UNICEF Argentina alertó “sobre la necesidad de fortalecer la implementación de los instrumentos legales y las políticas públicas que garantizan el cumplimiento de los derechos sexuales y reproductivos para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia”. En esa línea instó al Gobierno Nacional a “continuar reforzando el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes y fortalecer las políticas para la prevención del abuso, la violencia sexual y el acceso a la interrupción legal del embarazo, según el marco normativo vigente en el país”. En dicho sentido “se convoca a las provincias que aún no lograron implementar esta política, a que adecúen sus instituciones para su efectivo funcionamiento”.

Ante el recrudecimiento de la violencia machista y el accionar de los antiderechos, Susana destacó “estamos ante un movimiento feminista multitudinario y que se ha rejuvenecido, ya no somos 20 personas en una plaza, somos miles y cada vez más jóvenes, por eso les advierto a los Estados y a los fundamentalistas que hay feminismo para rato, las mujeres abrieron los ojos y no los van a cerrar, en 40 años hemos logrado visibilizar la violencia y ahora tenemos leyes, tratados, jurisprudencia, este cambio cultural ha sido impresionante, somos el movimiento más fuerte y joven del país y Latinoamérica”.