Columna de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de Rosario
Las calles vibran, lxs pibxs cantan, agitan. En cada marcha o movilización los carteles revelan diferentes consignas. Los reclamos no siempre son los mismos. Afortunadamente, algunos derechos se van conquistando, como el aborto legal. Sin embargo, las fotos de victimas de femicidios pidiendo justicia son una constante en cada encuentro.
En el año 2012 se modificó el Código Penal de la Nación para incorporar la figura del femicidio y a partir del 2015, luego de la marcha espontánea y masiva de “Ni Una Menos”, en varias provincias se crearon unidades fiscales especializadas en violencia de género.
El 3 de junio de 2021, a seis años de la primera marcha de “Ni Una Menos”, desde el Observatorio de las Violencias de Género «Ahora que sí nos ven» dieron a conocer las cifras de femicidios en Argentina entre el 3 de Junio de 2015 y el 29 de Mayo de 2021, elaboradas a partir del análisis de medios gráficos y digitales de todo el país. Las mismas delatan un significativo incremento en el número de denuncias, pero no se registran disminuciones en las tasas de femicidios.
Se elaboraron leyes para la protección de mujeres y disidencias, se crearon tipos penales, se ampliaron las penas, y a pesar de ello, los números fielmente indican que nos siguen matando.
¿Es acaso el sistema penal el instrumento adecuado para abordar los problemas de violencia de género? ¿Qué respuesta por parte del Estado buscamos cuando denunciamos? ¿El sistema penal logra ser reparador? ¿El punitivismo es la respuesta que necesitamos?
Dada la posición desigual y desventajosa que las mujeres y disidencias ocupamos en el ámbito del derecho penal, tanto en la condición de víctimas como de responsables criminales, reclamar leyes penales o actuaciones de las burocracias penales desde los feminismos parece contradictorio.
Desde nuestro movimiento entendemos a la violencia machista como una consecuencia de la opresión perpetrada por un sistema capitalista y patriarcal, sin embargo, observamos que dicha violencia es abordada como una problemática criminal y no como una problemática social. De esta manera, se legitima el poder punitivo del Estado y se delega la definición de estos problemas a las instituciones tradicionales: la justicia machista, misógina y patriarcal.
¿Podremos encontrar la solución bajo el manto de un sistema punitivo que se asienta sobre el racismo, clasismo y que produce y reproduce la violencia?
Hacia una reforma judicial feminista.
A la vista está que ninguna transformación social se puede producir a través de la expansión del sistema penal. El mismo está centrado en un derecho androcéntrico que no sólo castiga con mayor severidad a quienes no se ajustan a los estereotipos de género, sino que además no resuelve los problemas de las mujeres y disidencias.
Si la punibilidad no soluciona nada, quizá sea necesario mirar para atrás, quizá resulte urgente implementar políticas de prevención.
Para realizarlo es imprescindible que las áreas estatales estén completamente atravesadas por la perspectiva de género y como consecuencia, deviene inevitable que repensemos el poder judicial en clave feminista.
Se vislumbra un punto de fuga en esta estructura que parece ser tan sólida, el feminismo como fuerza política de nuestro tiempo, tiene la capacidad de representarse otro mundo posible. La erradicación de la violencia machista que hace siglos nos aqueja solo puede venir de la mano de verdaderos cambios estructurales.
Por Celina Prieto, integrante de LA COLECTIVA
PH: Florencia Carrera
