Columna de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de Rosario

Cuando una mujer es privada de la libertad, acusada de algún tipo de delito, todos los prejuicios recaen sobre ella. Todos.

Los estereotipos de género reflotan en la sociedad, en el Ministerio Público de la Acusación, en los fallos de jueces de familia y en el sistema judicial y penitenciario que no les da las herramientas, que estando en libertad, podrían tener para realizar el examen que les exigen de buenas o malas madres.

En la unidad 5 de Rosario las cédulas llegan notificando decretos de guardas provisorias de hijes de mujeres presas, ¿dándoles? la oportunidad que respondan, que se opongan a que sus hijes vayan con otras familias, que otras personas distintas a las que ellas eligen decidan sobre las vidas de los pequeños. Sin embargo, aunque la desesperación por no poder contestar vaya en aumento, no consiguen hacerlo; a esto se suma el servicio penitenciario que no acusa recibo y no las traslada a la Defensoría, las familias que no consiguen que los defensores civiles salgan del perímetro del tribunal y pisen una unidad penitenciaria.

Tenemos en Argentina casos de adopciones de niñeces no consentidas por sus madres que están basadas en el interés superior del niño como excusa para sostener prejuicios, y no como fundamentos para resguardar niñeces. Pensemos en cualquier niñe que tengamos a nuestro alrededor, une hije, sobrine, ¿Cómo se sentiría si de la noche a la mañana es alejado de su mamá? ¿Si de repente no está más con ella, no puede hablar a diario, no la puede abrazar si tiene una pesadilla por la noche? Porque a les niñes no les interesa tanto dónde están como con quién están, con quienes se sienten protegides. En los casos de adopciones no consentidas y de separación de hijes de sus madres no suele analizarse el vínculo que existe entre las niñeces y sus mamás, sino lo que “la mamá hizo”, el delito que cometió. ¿En qué pensamiento que priorice realmente el bienestar de un niño puede resultar razonable que, habiendo un vínculo amoroso con su mamá, puede ser mejor para ese pequeño o pequeña alejarlo de ella? Aunque cueste creerlo, en el de muchos jueces de familia que así lo deciden.

Es como si además de estar privadas de su libertad, también se encontrarían privadas de la posibilidad de ejercer su maternidad, de decidir sobre la vida de sus hijes. Como si el ejercicio de la maternidad no fuese un derecho, sino tan sólo un deber con obligaciones que imponen desconocidos.

La misma estigmatización es harto común en los procesos de familia cuando la madre ha tenido algún tratamiento de salud mental. En otra oportunidad compartiremos pareces y experiencias desde el litigio en casos de esas características. Ahora bien, la conclusión es la misma. La madre tiene que ser impoluta, infranqueable, fuerte y no debe tener ninguna debilidad para reprocharle porque sus errores no la hacen humana, la hacen mala madre.

Las exigencias que recaen sobre las mujeres presas no son las mismas que pesan sobre los varones, los varones son los padres que cometieron un error, que se equivocaron una vez pero que son buenos padres. “Errores comete cualquiera, le puede pasar a cualquiera” suele escucharse, inclusive si el motivo de la privación de libertad es haber golpeado a la madre de sus hijes delante de ellos, “con los chicos siempre se portó bien, nunca les levantó una mano” son frases que comúnmente se oyen por los pasillos del tribunal.

Ahora bien, cuando quien es acusada de cometer un delito es una persona que detenta el título de madre lo que escuchamos son frases como “¿cómo pudo hacer eso?, ¿cómo no pensó en los chicos?”

El sistema judicial trata de manera desigual a las maternidades, respecto de las paternidades, cuando se las toma como posibles autoras de delitos o están condenadas. Recordemos el caso de Aldana Muñoz, en el que la fiscal la acusaba de haber abandonado a su hijo en manos de quien era su agresor, por haber ido al baño tan solo unos minutos, en el momento en el que el agresor puso fin a la vida del niño. El sistema judicial y el padre del niño la responsabilizaban a ella, que estaba atravesando un dolor inconmensurable, que había perdido a su hijo, al punto de pedirle una pena de prisión de 10 años. El despliegue de la violencia institucional que la fiscal ejerció, y que toda la institución permitió con Aldana es indispensable tenerlo presente y demandar que nunca se vuelva a repetir, le causaron un daño que nunca jamás ofrecieron reparar. Para algunos las mujeres siempre tienen la culpa. Afortunadamente en esa causa, acompañada por los feminismos de todo el país, Aldana fue absuelta por el fallo unánime del tribunal.

Tantos otros casos existen donde bajo la figura de la “instigadora”, o de “la participe” fiscales y jueces le escapan a la perspectiva de género, viéndose imposibilitados en sus facultades analíticas de vislumbrar el panorama entero, de entender las lógicas en los vínculos de opresor y oprimida, de analizar las relaciones de poder que existen entre estas mujeres “instigadoras” o “partícipes” de delitos y sus parejas ejecutoras principales de los mismos. Esas mujeres acusadas ¿Cuánto margen de elección realmente tuvieron?, ¿Qué hubiese pasado si se negaban a encubrir o si hubiesen querido saber la verdad? ¿Qué es lo que se les reprocha? Los funcionarios actuantes ¿analizan la posibilidad de contexto de violencia de género? ¿Saben que la sujeta oprimida en ese vínculo de violencia no siempre lo puede detectar inmediatamente y si lo detecta está impregnada de miedo a cualquier consecuencia de un posible “no” de su parte? ¿Están al tanto de lo que es el círculo de la violencia de género?

Desde que se aprobó la Ley Micaela, al menos, se puede hablar en los estrados tribunalicios de la necesidad de que todos los auxiliares de la justicia y los magistrados se encuentren formados en la materia. Muchos se encuentran preocupados y ocupados en adquirir conocimientos al respecto, otros aprueban cursos pero utilizan su poder para replicar violencias. Cierto es que un curso aprobado no garantiza nada, hay que machacar, hay que insistir, y hay que animarse a reclamar cuando una resolución es machista, patriarcal y violenta, con las palabras claras que merece el planteo. Es menester poner a la vista cada actitud machista del sistema judicial y penitenciario en su conjunto, ya sea por acción o por omisión de los funcionarios responsables, porque si al patriarcado lo vamos a tirar, tenemos que empujar de todos lados sobre todo desde donde tiene las raíces más enquistadas.

Por Vanesa Vargas, abogada litigante en el campo del derecho penal y derecho de familia en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Maestranda en Criminología (UNL), doctoranda en derecho (UNR).

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