Tenemos ley. El Senado argentino sancionó durante la madrugada del miércoles 30 de diciembre el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La iniciativa ya había obtenido media sanción el pasado 10 de diciembre en la Cámara de Diputadxs de la Nación, cuando lxs legisladorxs aprobaron la iniciativa con 131 votos afirmativos, 117 negativos y 6 abstenciones. Luego pasó a Senadores donde tras las exposiciones en comisiones, logró dictamen favorable con 14 firmas de la Comisión Banca de la Mujer, 9 de Justicia y Asuntos Penales y 10 de Salud, lo que le permitió llegar al recinto antes de que termine el 2020. Finalmente se aprobó con 38 votos a favor, 29 negativos y una abstención.

El debate arrancó a las 16.08. El calor no impidió que millones se concentren en las afueras del Congreso y distintos puntos del país para hacer el aguante con la esperanza de que la vida de todxs puede cambiar con esta ley. Ferias feministas, pañuelos, glitter, cantos y mística tiñeron las calles de verde. No faltaron los indispensables barbijos y alcohol en gel, para sostener los cuidados. Expectantes en cada segundo, militantes, docentes, estudiantes, médicas, periodistas, trabajadoras de la economía popular se enojaron con cada legislador que volvió a insistir en que los cuerpos de las personas gestantes no son territorios autónomos, se emocionaron con los votos positivos y festejaron a los indecisos que se transformaron en verde. Finalmente, a las 4.12 la marea violeta se unió en un masivo festejo federal al grito de #EsLey.

Una problemática de salud pública

La discusión en la agenda política del tema dejó al descubierto que no se trata de aborto sí o aborto no, sino de aborto legal o aborto clandestino, ya que los cuerpos gestantes que no eligen -por diversos motivos- maternar deciden interrumpir sus embarazos a pesar del marco prohibitivo, lo que lleva, sobre todo a quienes tienen escasos recursos, a someterse a procedimientos inseguros. Según datos oficiales de la Secretaría de Salud de la Nación, en Argentina desde el regreso de la democracia hasta 2016, al menos, 3.040 mujeres murieron por abortos clandestinos.

Por otra parte, un relevamiento reciente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) indica que hay 825 causas iniciadas por aborto en doce jurisdicciones del país y 37 posibles casos de eventos obstétricos, ocultos bajo la figura de homicidio o abandono de persona. La mayoría de las mujeres y personas gestantes criminalizadas pertenecen a sectores sociales vulnerables. Frente a esta situación una vez más las redes feministas cobran protagonismo para evitar caer en manos de quienes lucran con el tema a costa de la salud y la vida de aquellxs a lxs que el Estado no da respuesta. En 2019 las Socorristas en Red -feministas que abortamos- acompañaron a 12.575 mujeres que abortaron. El 57 por ciento ya era madre y el 78 por ciento no había abortado nunca. El 91 por ciento de las mujeres no tuvo necesidad de ir a la guardia.

“Consideramos al aborto un problema de salud pública, un problema que sucedió, sucede y va a seguir ocurriendo y es responsabilidad del Estado asumirlo y dar una respuesta de calidad con la legalidad y gratuidad que corresponde. De esta manera se terminará con el lucro y los centros aborteros clandestinos, que son los únicos beneficiados con este vacío legal que tenemos. Necesitamos evitar la muerte de las mujeres más pobres, mujeres que la mayoría de las veces no toman decisiones sobre muchos de los aspectos de su vida, para que si deciden abortar no tengan que jugarse su vida en esa decisión”, sostuvo Nerina Azpeitia, médica generalista, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir en Rosario.

Tras la reglamentación de la ley, se abrirán nuevas disputas de sentido para incorporar la práctica no solo al sistema de salud, sino presentarla como un derecho en otros ámbitos de la sociedad, como las escuelas. En ese sentido, desde Red de Docentes por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de la Regional Santa Fe sostienen que “es ineludible incorporar este derecho como un contenido curricular dentro de la Educación Sexual Integral (ESI) ya que son múltiples las experiencias en todo el país de docentes que son perseguides por abordar el tema. La ESI brinda herramientas no solo para saber sobre sexualidad y reproducción, sino también para reconocer actos de violencia sexual y abusos”.

La marea verde

Los 35 grados que marcó el termómetro no impidió que miles de personas se concentren en las afueras del Congreso y en distintos puntos del país para seguir el debate y unirse en un gran pañuelazo federal. Este fue el caso de Rosario, cuyo punto de encuentro fue la Plaza San Martín; allí se dieron cita organizaciones sociales, políticas y feministas, así como también familias y grupos de amigas de distintas edades.

En diálogo con Reveladas, Silvia Guidobaldi, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito de Rosario, aseguró que “la ley es importante para que esta práctica salga de la ilegalidad. Tener una ley significa que las mujeres van a poder disponer sobre sus cuerpos, como Campaña siempre sostenemos que los embarazos tienen que ser deseados, y tiene que haber una protección para aquellas niñas que son violadas y de esa violación surge un embarazo, queremos niñas libres”.

“Estamos haciendo fuerza para que el aborto sea legal, como Red de Docentes por el Derecho a Decidir surgimos en agosto, nos unió el deseo de tener una participación activa en las instituciones educativas porque entendemos que tienen que ser garantes de derechos con información responsable, son la oportunidad de construir una sociedad más igualitaria que no impone a las mujeres mandatos como el de la maternidad”, aportó la docente Guillermina Fritschi.

Por su parte, Sofia Botto, directora de Mujeres e Igualdad de la Secretaría de Género y DD.HH. de la Municipalidad sostuvo: “Estamos viviendo un día histórico, luego de la derrota del 2018 el debate llegó a todos lados y lo ganamos en las calles. Necesitamos un marco legal para las personas que quieren abortar, porque es una realidad que existe y lo están haciendo de forma clandestina, algunas con causas penales encima pero sobre todo poniendo en riesgo su vida”.

La marea feminista y la discución por el aborto permitió la conformación de nuevos espacios que se nuclean en torno la idea de derribar las barreras del patriarcado. Uno de ellos es la Colectiva de Abogadas Transfeministas de Rosario, quienes también se hicieron presentes con sus pañuelos verdes. “Tenemos un cúmulo de emociones, estamos expectantes. Creo que tenemos que cambiar el concepto de maternidad, la votación arrancó hablando del deseo de la maternidad y creo que eso es algo que un poco le regalamos todas nosotras a las generaciones que vienen, hasta ahora siempre se habló como imposición y ahora las pibas van a desear ser madres o no van a serlo”, dijo Daiana Araya.

Este también fue el caso del Colectivo de las Mujeres Músicas de Rosario. “Gracias a esta lucha las músicas nos fuimos encontrando, forjamos vínculos, proyectos, la ordenanza de paridad. Por eso para nosotras era muy importante estar en la plaza con emoción y alegría”, remarcaron.

Una genealogía de lucha

El 28 de mayo de 2020 -Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres- la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en Argentina cumplió 15 años de lucha. Bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir el espacio articula con cientos de organizaciones a lo largo del país desde su nacimiento.

En ese marco, fue fundamental la realización anual del Encuentro Plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binaries que arrancó en 1986 como una práctica democrática y pluralista y se sostuvo año a año con el objetivo de discutir las problemáticas específicas que afectan a las mujeres de la Argentina. Fue luego del encuentro de 2003 en Rosario que las organizadoras junto a Marta Alanis, de Católicas por el Derecho a Decidir, decidieron que el pañuelo verde sería el símbolo de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, atravesando generaciones y reconocido en todo el mundo.

Durante estos años, Mabel Gabarra, abogada feminista y militante de la Campaña desde sus inicios, explica que fue fundamental “las innumerables acciones, firma de planillas, pañuelazos, asambleas, plenarias, marchas, elaboración de un proyecto de ley redactado y aprobado en plenarias de la Campaña y que fue presentado ocho veces en las Cámaras y avalado con las firmas de diputades de todo el arco político”.

Las fechas claves en esta genealogía de existencia son:

-El Encuentro Nacional de Mujeres (ENM) del 2003 en Rosario, con la Asamblea por el Derecho al Aborto coordinada por la pionera de esta lucha en Argentina desde 1988: Dora Coledesky, la marcha con los pañuelos verdes aportados por Católicas por el Derecho a Decidir y el Taller de Estrategias para el Aborto legal, Seguro y Gratuito, que ya empezó a hablar de una campaña nacional.
-La aprobación de la iniciativa en el ENM de Mendoza.
-La aprobación de la Campaña en una reunión en Córdoba de más de 70 organizaciones de mujeres y su lanzamiento el 28/05/2005.
-La elaboración de un proyecto de ley redactado y aprobado en plenarias de la Campaña y que fue presentado ocho veces en las Cámaras.
-La lucha instalada socialmente que tuvo su corolario en las movilizaciones frente al Congreso en junio y agosto del 2018.
-La presentación de un nuevo proyecto en 2019, la campaña electoral donde por primera vez se instala como tema de debate entre candidatos a la presidencia el aborto, la promesa de Alberto Fernández de que presentaría el proyecto y luego su ratificación en la inauguración de la Asamblea Legislativa.
-La presentación del proyecto del Ejecutivo el 17 de noviembre de 2020. El tratamiento en Diputadxs el 10 de diciembre de este año y el 29 de diciembre en el Senado.

En este recorrido el 2018 quedará en el registro escrito, fotográfico y audiovisual de la historia reciente de un país cuyas mujeres e identidades con capacidad de gestar dieron ejemplo de organización, transversalidad y unidad en busca de lo que tanto se anhela: el derecho a decidir libremente y en condiciones dignas cuando o no maternar, y que al optar por el no, ello no sea la condena asegurada a la clandestinidad con los riesgos para la salud y la libertad que conlleva. Ese año el proyecto fue tratado en un histórico debate en ambas Cámaras, con audiencias públicas con más de 700 exponentes a los largo de cuatro meses. El 14 de junio se logró la media sanción en Diputados, no obstante el 9 de agosto el Senado lo rechazó y avaló la clandestinidad. Desde ese día según el informe periodístico “Zona de Riesgo” del medio feminista Latfem, 17 niñas y mujeres murieron como consecuencia de abortos inseguros.

“En las calles ya se logró la despenalización y la salida del clóset. Me parece que eso es el gran logro del 2018, que se hable de aborto en todos los espacios. En cuanto a la campaña de la marea verde actual, lo que me pasa es que me conmueve muchísimo, admiro profundamente a las primeras mujeres que inventaron y se calzaron un pañuelo verde que lucharon tantos años en el anonimato y mucho más las admiro cuando las veo bailando al lado de las pibas aún movilizándose, creo que hay mucho para aprender y compartir de ambas partes”, remarcó Nerina Azpeitia.

Tenemos ley

El proyecto fue presentado por octava vez consecutiva en 2019 -año electoral- y por primera vez se instaló como tema de debate entre los candidatos a la presidencia. Tras ser electo, Alberto Fernández ratificó su compromiso con la causa y finalmente el 17 de noviembre envió a Diputados el proyecto para despenalizar y legalizar el aborto junto con el llamado Plan de los 1000 días, de acompañamiento a las maternidades en situación de vulnerabilidad. “Es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo. La criminalización del aborto de nada ha servido. Solo ha permitido que los abortos ocurran clandestinamente en cifras preocupantes”, sostuvo el primer mandatario.

El proyecto de ley de IVE aprobado fue producto de la discusión entre los propuestos por la Campaña, por la diputada mandato cumplido Araceli Ferreyra, y el Poder Ejecutivo de la Nación. El texto establece que toda mujer y persona con capacidad de gestar tienen derecho a decidir voluntariamente la interrupción de su embarazo durante las primeras 14 semanas del proceso gestacional.

Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación o si estuviere en peligro la vida o la salud de la persona gestante. En el proyecto original se incluía la palabra “integral”, pero el Ejecutivo se comprometió a sacarla durante su reglamentación, y esto inclinó la balanza a favor de la aprobación.

En caso de menores de 13 años, se debe contar con el consentimiento informado y la asistencia de al menos uno de sus progenitores o representante legal. En los casos de adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o «referente afectivo».

Se fija un plazo de 10 días corridos desde el requerimiento de la práctica para que se garantice el acceso a ella. A diferencia del proyecto de la Campaña, en el que se fijaban 5 días, se amplía el plazo y se le exige al personal de salud trato digno, privacidad, confidencialidad, respecto a la autonomía de la voluntad, calidad del tratamiento y el acceso a la información adecuada para lxs pacientes.

La exigencia del derecho a decidir se basa en una triple consigna: “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, por lo que el artículo 6 dispone que se le brindará a quien requiera la práctica el acompañamiento en el cuidado de su salud e información adecuada sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles, así como la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio.

Lxs profesionales de la salud que deban intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia. En cuanto a objeción de conciencia en las instituciones de salud privadas y de obras sociales, se establece que en caso de que todo su personal se declare objetor, “deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación”, es decir, será su responsabilidad que se garantice la IVE en otro centro de salud.

Tenemos ley, es la número 27.610. Sin duda la lucha continúa para que el Estado garantice su plena aplicación, y por los tantos derechos que todavía resta conquistar para lograr una sociedad más justa.