A diferencia de la economía formal en la que el Estado aparece como el ente regulador de la relación laboral entre el empleador y el empleado, la economía popular no está formalizada y se trata de una amplia rama de trabajos que millones de personas señalan que empezaron a realizar de manera “espontánea”, a partir de sus propios conocimientos y necesidades para poder generar ingresos. Este modo de subsistencia se sostuvo en el tiempo como una respuesta posible a la destrucción de puestos de trabajo que trajeron aparejadas las diferentes crisis económicas en las últimas décadas como resultado de los programas neoliberales de gobierno.

Victoria Clérici es referenta del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de Rosario y en diálogo con este medio señala que el sector “está dentro del sistema capitalista, pero es la economía de los excluidos, la que se inventó un montón de gente que fue excluida de la economía formal. Es un laburo de subsistencia, ese que antes muchos denominaban changa y que hoy es parte de la vida y de la posibilidad de que miles de familias coman”.

Dado que son trabajadores y trabajadoras que no están formalizados, aún no es posible indicar con precisión cuántos son. La cantidad de inscriptos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) -una asistencia monetaria otorgada por el Estado de manera excepcional a quienes no tenían un trabajo registrado durante el primer año de pandemia- permitió dar cuenta de un universo de casi 9 millones de personas que se encuentran en la informalidad, entre las cuales se estima que los trabajadores de la economía popular rondan los 5 millones.

Dentro de este grupo se encuentran cartoneros, vendedores ambulantes, trabajadores textiles, recicladores, albañiles, agricultores, trabajadoras comunitarias que se fueron organizando en unidades económicas que pueden ser individuales, como la de un vendedor ambulante, o en conjunto con otres, como las que se realizan en las organizaciones sociales y las cooperativas de trabajo. Según los últimos datos arrojados por el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP), a febrero del corriente año, ya hay más de 3 millones de trabajadores/as inscriptos y más de la mitad desarrollan sus actividades de manera individual. Además, la mayoría de los integrantes son jóvenes que se encuentran entre los 18 y los 35 años.

Pablo Chena es Director Nacional de Economía Social y Desarrollo Local en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y en diálogo con Reveladas explicó que “muchos de los comedores que empezaron siendo un paliativo para contener el hambre en los barrios, se fueron consolidando. La gente se fue organizando a través de esos comedores y así aparece el trabajo comunitario”.

Movilización y organización gremial

En el 2016 los trabajadores de este sector avanzaron en el reconocimiento de sus tareas por parte del Estado a partir de la sanción de la Ley de Emergencia Social. Fue un hito y les dio la posibilidad a quienes realizan este tipo de trabajos de contar con una suma fija de dinero mensual que complemente el ingreso que obtienen de sus actividades, pero que resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, se trata del Salario Social Complementario (SSC). Esta ley, fruto de las multitudinarias movilizaciones en las calles, también incluyó la creación del Registro Nacional de la Economía Popular a través del cual el Estado reconoce a los trabajadores y trabajadoras del sector como tales y es una herramienta que le permite aproximarse a la cantidad de personas que forman parte de este universo, dónde se encuentran, qué trabajos realizan y cuál es la rama productiva a la que pertenecen, entre otras cosas.

Clérici señala que “fue un paso importante porque lo que hoy es el Potenciar Trabajo -que en su momento fue el SSC- venía a discutir eso: no eran planes sociales ni subsidios: La idea de salario implica trabajo”. Chena, por su parte, remarcó la importancia de reconocer a los trabajadores de este sector pero hizo hincapié en que “este registro no es un mero hecho estadístico, sino que es el primer paso para avanzar en la formalización” a través de tres componentes que reconoce como principales: el fiscal “que les permita facturar en blanco y tener una cuenta bancaria para luego poder acceder a una Tarjeta de Crédito y así a mejores condiciones para la compra de sus capitales”, el de salud que les otorgue una obra social y, en tercer lugar, el componente previsional que “les reconozca aportes jubilatorios y se garantice así el derecho a la jubilación”. El funcionario señaló que la principal herramienta con la que cuenta el Estado para alcanzar ese objetivo es el Monotributo Social que sintetiza esos tres elementos, sin embargo, apuntan al Monotributo Productivo mediante un proyecto de ley presentado a fines del año pasado que aún no ha sido tratado en el Congreso.

Para los millones de integrantes de este sector de la economía es clave que las tareas que realizan sean reconocidas como trabajos que no están formalizados y que, en consecuencia, carecen de derechos laborales. Dina Sánchez es vocera del Frente Popular Darío Santillán y Secretaria General Adjunta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y remarca que “hoy la economía popular es algo que mencionan mucho pero que no está reconocida en su totalidad porque siempre vuelven a lo de la reconversión de planes en trabajo, ahí se equivocan, porque nosotros tenemos mucho trabajo”.

Actualmente, los integrantes de las diferentes ramas del sector, cuentan con un gremio que los representa: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que se formalizó como tal en el 2019 y está integrada por diferentes organizaciones sociales entre las que se encuentran el Frente popular Darío Santillán, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, Barrios de Pie. Clérici destaca la importancia de esta organización sindical ya que el sector “no estaba representado por ningún gremio y lo necesitaba porque los problemas que atraviesan no son coyunturales, ni de una provincia, hay compañeros de la economía popular en todo el país y necesitábamos resguardar sus derechos”. Al mismo tiempo cuenta que uno de los objetivos es integrar la Confederación General del Trabajo (CGT): “La unidad de la clase trabajadora es un horizonte porque entendemos que cuanto más unida esté la clase, más fuerte va a ser el golpe a los que quieren seguir quitándonos derechos”.

Demandas principales

Las integrantes de las organizaciones sociales que forman parte de UTEP, destacan que una de sus demandas principales es la creación de un Salario Básico Universal que le otorgue la mitad de un Salario Social Complementario a quienes se encuentran en la informalidad y no estén recibiendo ninguna transferencia de dinero de parte del Estado para poder garantizarles un piso de ingresos. Frente a un contexto con un 37,3% de la población bajo la línea de pobreza (INDEC: segundo semestre 2021) se trataría de una política pública universal que alcanzaría a todos los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social y económica.

“Planteamos que sea la mitad de un SSC que en mayo alcanza los $19.470 y es nuestro principal reclamo porque entendemos que, como gremio de los trabajadores de la economía popular, tenemos que pelear por todos los compañeros, estén organizados o no”, señala Victoria. En sintonía, Dina Sánchez agrega que buscan “que se elimine la tarjeta alimentar y que ese dinero se destine a este Salario Básico Universal, que también va a significar un reconocimiento para muchas mujeres que trabajan en sus casas y realizan tareas de cuidado”. Para los integrantes de la UTEP es primordial que aquellos que vienen siendo golpeados con más dureza por la crisis económica cuenten con el acompañamiento del Estado hasta que puedan incorporarse a alguna unidad productiva.

Pablo Chena, por su parte, considera que con una renta universal “se desvirtúa la idea de la economía popular y el salario por trabajar. El trabajador de la economía popular requiere un SSC porque su trabajo está desvalorizado. Para aquellas personas que no están trabajando en el sector privado, ni en el Estado, ni en la economía popular habrá una política social distinta”. En ese sentido, señala que es importante que estos trabajadores estén formalizados para que el Estado pueda conocer qué trabajo hacen y a partir de eso poder brindarles ese SSC.

El Potenciar Trabajo es uno de los programas del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación desde el 2020 que surge a partir de la fusión entre los programas Hacemos futuro y el Salario Social Complementario. Está destinado a aquellas personas que se encuentran en una situación social y económica endeble y su objetivo es incentivar la finalización de los estudios formales además de motorizar el surgimiento y desarrollo de proyectos socio-comunitarios, socio-productivos y socio-laborales. Chena, que pertenece al Movimiento Evita, señala que “no es un programa específico de la economía popular, pero como ésta se encuentra en la informalidad y los trabajadores no tienen los derechos que debería tener, acceden a programas sociales”.

Según datos oficiales, 1.200.000 personas son las beneficiarias de este programa, de las cuales alrededor de 700.000 son trabajadores de la economía popular. Si bien como se indicó anteriormente, aún hay muchas personas que no están en el ReNaTEP, los datos con los que se cuenta hasta el momento permitieron echar luz sobre la llegada de las políticas del Estado a este sector: del total de inscritos “solo el 7,2% de los/as trabajadores/as se encuentra inscripto/a de manera individual en alguna categoría tributaria” (Monotributo Social o Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes). Por otra parte, “sólo el 22,3% de los/as inscriptos/as percibe la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el 22,5% el Programa Potenciar Trabajo”.

Reconocimiento de las unidades productivas

La secretaria general adjunta de la UTEP advierte que «uno de los problemas principales de las unidades productivas es que tenemos un cuello de botella a la hora de comercializar nuestros productos. Contamos con mucha capacidad para producir, pero no podemos tener todo en un almacén”, comenta y destaca que es fundamental el acompañamiento del Estado para solucionar ese tipo de dificultades. “En 2016 cuando presentamos el paquete de leyes -entre la que estaba la Ley de Emergencia Social- una de ellas planteaba la necesidad de que el Estado, que de por si hace compras anuales para guardapolvos, por ejemplo, destine un porcentaje de esas compras a las cooperativas. Esa es una forma de reconocer a la economía popular”.

El funcionario del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación señala que la economía popular hoy está siendo atendida por la política social, pero que en realidad debería ser atendida por la política laboral y la política económica. En ese sentido, se focaliza en la necesidad de formalizarla para poder desarrollarla, es decir, “poder certificar la calidad de los productos y crear nuevos canales de comercialización. Estamos peleando por el crédito no bancario para que los trabajadores también puedan comprar maquinarias y financiar su capital de trabajo”.

Desde las organizaciones sociales entienden que los trabajos que empezaron a realizar, en principio de manera circunstancial, se fueron consolidando y no creen que vayan a desaparecer, por eso sus demandas están orientadas a que el Estado pueda diseñar estrategias específicas y planificar políticas públicas dirigidas a mejorar las condiciones en las que se llevan a cabo esas actividades.

Las tareas de cuidado y su función social

Tanto Victoria como Dina coinciden en que las mujeres de los barrios populares son las primeras que se movilizan para atender las dificultades con las que se encuentran sus vecinos y vecinas. El último informe del ReNaTEP indica que, del total de inscriptos, casi el 58 por ciento está integrado por mujeres.

Clérici señala que “ese dato refleja que hay una masa de trabajadores excluidos del trabajo formal pero que peor aún les va a las compañeras” y es contundente a la hora de afirmar que eso está relacionado con la situación en la que se encuentran las mujeres de los barrios populares: “la mayoría son madres, que hacen cualquier cosa para que sus hijos coman y los varones a veces la tienen más fácil, incluso aquellos de los sectores excluidos, porque no tienen la responsabilidad de cuidado que tienen las compañeras”.

Entre las ocho ramas de actividades que se encuentran en el ReNaTEP, la de Servicios Socio Comunitarios es la segunda en orden de mayor concentración de trabajadores/as. Dentro de ella se encuentran las Trabajadoras de Comedores y Merenderos Comunitarios que representan el 64 por ciento de esa rama. “Las compañeras de la economía popular son las que cuidan a su familia y a la comunidad, son las que intervienen en los conflictos y cuidan que los pibes jóvenes no caigan en manos del narcomenudeo. Tienen mil tareas y se agregan cada vez más porque son cuidadoras y muchas van aprendiendo que sin organización es muy difícil”, comenta la referente del MTE Rosario.

Por su parte, Dina Sánchez recuerda que en la pandemia fueron las vecinas quienes enfrentaron la crisis sanitaria y económica: “las compañeras del comedor y del merendero sostuvieron los barrios, al igual que las promotoras de salud. Nosotras nos pusimos a trabajar un montón, yendo a las salitas a buscar los medicamentos para las familias que estaban aisladas, haciendo las compras de los comedores donde se traían los tuppers de esas personas que no podían salir para garantizarles la comida”.

La violencia de género es un problema que atraviesa a los diferentes estratos de la sociedad, sin embargo, las referentas de las organizaciones sociales afirman que en los barrios la situación se agudiza debido a las condiciones de precariedad en la que se encuentran y a la incapacidad del Estado para llegar a aquellos territorios donde son las mismas vecinas quienes acompañan a las víctimas de violencia de género. Las promotoras de género son quienes principalmente se hacen cargo de recibir y atender este tipo de conflictos, por ese motivo los movimientos sociales vienen reclamando hace tiempo que el Estado reconozca el trabajo que realizan a diario.

Finalmente, sobre el Programa Acompañar del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación sostienen que es uno de los que más llega a los barrios, pero que la duración de seis meses resulta insuficiente para que una mujer de un barrio popular que se encuentra atravesando una situación de violencia de género pueda salir de ese círculo y construir su vida en otro lado. A la falta de recursos, Dina suma la mirada sesgada en el diseño de las políticas públicas que también obstaculiza el acceso: “El botón antipánico no funciona, la línea 144 está pero hay mujeres en los barrios que ni siquiera tienen un celular para hacer denuncias”, cierra.

Foto portada Ph Florencia Carrera