La iniciativa, que busca crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) fue presentada hace más de un año. Conversamos con Lucía Cirmi, subsecretaria de Políticas del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.
El 16 de mayo pasado el Congreso comenzó a debatir en comisiones el proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, presentado por el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación en mayo de 2022. La finalidad de esta iniciativa es la de crear un Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA).
En diálogo con Reveladas, Lucía Cirmi, subsecretaria de Políticas de Igualdad de la mencionada cartera, indicó que la Ley podría alcanzar a ocho millones de personas y que su aplicación resultaría de suma importancia, dado que “vuelve un tema, que hasta ahora ha sido considerado privado, un tema público, que son los cuidados. Una cuestión que ha sido considerada de las mujeres, se vuelve una cuestión de toda la sociedad. Para redistribuir, reconocer y remunerar los cuidados; reconocerlos como una necesidad, como un derecho y como un trabajo se necesita de un sistema de cuidados. Esto implica que haya servicios de cuidados, tiempo, espacio y recursos económicos para cuidar”.
El proyecto tiene como eje los cuidados, entendiéndolos como “tareas relacionadas con la reproducción, el bienestar y el sostenimiento de la vida”. Se fundamenta en la alta demanda y la feminización de dicha tarea; así como en la inversión estratégica que deviene de aplicar políticas de cuidados. Según detallan desde el Ministerio en la justificación de la Ley, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indica que aquellos países que invierten en políticas de cuidados alcanzan tasas de empleo femeninas mayores al 70%, generando resultados económicos positivos.
Es relevante mencionar que nuestro país se encuentra entre los más atrasados de América Latina en cuanto a legislaciones en torno a los cuidados. Incluso, las licencias vigentes se encuentran por debajo de lo recomendado por la OIT. “Si aprobamos este proyecto, no solamente estaremos a la vanguardia de la región, sino también a nivel global; porque el proyecto de Ley plantea la obligatoriedad de las licencias y tiene un horizonte de igualdad. Si bien todos están reconociendo, con el paso del tiempo, que sus políticas de licencias, que han sido transferibles o diferenciales en función del género, no han surtido efecto; hay consenso de que las nuevas licencias tienen que ser así de igualitarias, así de obligatorias y no transferibles”, expresó Cirmi.
Punto por punto: qué dice la Ley
En primer lugar, se busca extender las licencias existentes. Las personas gestantes, que actualmente cuentan con 90 días de licencia, pasarían a tener 126 días (pudiendo usarse durante los 45 días anteriores al parto y hasta 81 días posteriores, con opción de usar 30 previos y 96 luego del nacimiento). Por su parte, las personas no gestantes pasarían de dos días a 15. Esto último avanzaría progresivamente, dado que en dos años la licencia se extendería a un mes; en cuatro a 45 días; en seis a 30 días; y en ocho a 90 días. Además, se extenderían a 180 días las licencias para quienes tengan hijxs con discapacidad o enfermedades crónicas.
En segundo lugar, además de la extensión de licencias existentes, se propone la creación de nuevas. Tal es el caso de las licencias para futurxs adoptantes, que irían de 2 a 12 días por año; y de licencias por adopción, que serían de 90 días (15 de éstos deberían usarse inmediatamente después de la notificación de la resolución judicial que otorga la guarda con fines de adopción). También se crearían licencias de 2 a 6 días para lxs cónyuges de quienes realizan tratamientos de fertilización asistida (que se extenderían de 3 a 10 días en caso de que tuviesen hijxs menores de edad a cargo). En caso de nacimientos de bebés prematuros, la licencia se extendería por 30 días. Y en caso de nacimientos o adopciones múltiples, también se sumarían 30 días por cada hijx, a partir del segundo. Por su parte, las personas gestantes y no gestantes monotributistas, monotributistas sociales y autónomas tendrían la misma licencia que quienes trabajan en relación de dependencia.
Otra cuestión a tener en cuenta es que la Ley contempla al personal de casas particulares, personal temporario de trabajo agrario y a toda la Administración Pública Nacional. Esto implica la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo para que todos los convenios colectivos de trabajo se adapten a la nueva normativa. Por otro lado, la Ley dejaría sin efecto la presunción de renuncia. Es decir que si, una vez vencida la licencia, la persona gestante o no gestante no se presenta a su puesto de trabajo y no lo comunica dentro de las 48 horas, se la deberá intimar en vez de asumir que renunció.
Las licencias especiales también se modificarían. Las licencias por hijx y cónyuge o conviviente pasarían de 3 a 5 días; y la de fallecimiento de hermanx, de 1 a 3 días. También se crearía la licencia especial para cuidado por enfermedad de persona a cargo, conviviente o cónyuge, que actualmente es de 2 días, llegando a un máximo de 20 días por año; y la licencia por violencia de género, de hasta 20 días por año.
¿Cómo repercute en lo económico?
Una de las principales discusiones refiere al financiamiento de la Ley, ya que se establece que los períodos de licencia «pasan a ser cubiertos por la seguridad social y no por la parte empleadora». Esto implica que el Ministerio de Obras Públicas de la Nación se haría cargo, destinando el 8,5% del presupuesto anual. En ese sentido, la subsecretaria afirmó que esto tendría un costo menor al 0,12 por ciento del PBI. Y explicó que el proyecto prevé la articulación de “todas las áreas del Estado para seguir ampliando infraestructura y servicios, comprometiendo 1 de cada 10 pesos del Ministerio de Obras Públicas en la construcción de nuevos espacios de cuidados para poblaciones priorizadas, como la primera infancia, las personas con discapacidad o las personas mayores. Se crea un servicio de cuidadores domiciliarios para personas mayores dentro del plan médico obligatorio, y la remuneración y registración de las trabajadoras cuidadoras comunitarias. Todo eso podría llegar a generar más de 400 mil puestos de trabajo”.
Finalmente, concluyó: “La ampliación de estas políticas distribuye recursos a los sectores de más bajos ingresos, tiene un efecto de justicia social e impacta en las mujeres que cuidan, que son mayoría en la pobreza, en el desempleo y en la informalidad. Así que nos parece importante que en los momentos más difíciles se apueste y se invierta en el cuidado. No solamente porque es una demanda y una deuda histórica, también porque es una forma de tener una salida feminista de la crisis”.
