En miles de barrios del país funcionan merenderos y comedores donde vecinos y vecinas acceden a una porción de comida diaria y resuelven así la falta de alimento que hay en sus hogares. Quienes realizan este trabajo son mayoritariamente mujeres que no reciben remuneración por ese trabajo cotidiana, por este motivo en marzo pasado, la organización La Poderosa presentó ante la sociedad un proyecto de ley de reconocimiento salarial de las cocineras, que fue ingresado en el Congreso de la Nación por la diputada nacional, Natalia Zaracho, el 5 de junio.

Esta propuesta legislativa busca el reconocimiento del Estado de las y los trabajadores de los comedores y merenderos de todo el territorio argentino. En la fundamentación se sostiene que “el aumento de la pobreza que acarreó la crisis de 2001 amplió la demanda a comedores y merenderos, 22 años después la pobreza estructural y los problemas nutricionales persistentes sostienen la necesidad de las familias de alimentarse acudiendo a espacios comunitarios”.

Vale destacar que los trabajadores y trabajadores de la economía popular llevan adelante una lucha por el reconocimiento del trabajo que realizan de manera informal desde el 2001 en adelante. En la mayoría de los casos se trata de trabajos que se originaron como una respuesta urgente a las demandas de los que más afectados se vieron por la situación económica, social y política de aquel momento. Más de veinte años después, muchas de esas actividades se sostienen y permanecen en el sector informal, sin ser reconocidas por el Estado. Del total de inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP), en la rama de Servicios Socio-comunitarios se concentra el 29% de los inscriptos, dentro de esa rama el 63,5% realiza trabajos en comedores y merenderos.

Reveladas dialogó con Claudia Albornoz, la actual referenta nacional de la organización social La Poderosa, quien expresó «veníamos esperando que la realidad cambie y sea otra cosa, que las familias que viven por debajo de la línea de la pobreza tengan garantizado mínimamente ingresos para poder comer en su casa. Como esto no está pasando, y después de ver todo lo que hicimos en pandemia, entendimos que el trabajo que venimos haciendo es un trabajo esencial y es fundamental para la sobrevida de las familias de los barrios populares».

¿Qué dice el proyecto?

La referenta de La Poderosa contó a este medio que los vecinos y vecinas que participan en el sostenimiento de estos espacios comunitarios entendieron que el trabajo que realizan necesita un marco legal que les garantice derechos laborales y se asesoraron para redactar un proyecto de ley.

En el texto que presentaron se establece la creación de un Régimen de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores Comunitarios, una nueva modalidad de contratación que otorgue un marco de formalidad en el que se garanticen los derechos laborales de quienes están al frente de la gestión y elaboración de los alimentos de familias enteras. El texto presentado indica que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación será la autoridad de aplicación de la ley.

El proyecto establece además que la jornada laboral será como máximo de 7 horas diarias con un descanso semanal de 48 horas corridas y se les otorgará un Salario Mínimo Vital y Móvil a “aquellas personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías “A” o “B”; monotributistas sociales y trabajadoras y trabajadores de casas particulares(…)». Quienes sean contratados bajo este régimen también contarán con vacaciones pagas, licencias por enfermedad, maternidad y paternidad, un seguro por los riesgos de trabajo y jubilación.

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) reconoce la existencia de 34.782 comedores en los que trabajan 134.449 personas. La Poderosa cuenta con un Observatorio Villero que les permitió calcular cuantos platos de comida elaboran a diario a partir del relevamiento de porciones que producen los comedores de su organización: estiman que son más de 10 millones por día, «es algo muy serio que es sostenido porque hay cocineras que cocinan hace 40 años», indicó Claudia.

El Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) reconoce la existencia de 34.782 comedores en los que trabajan 134.449 personas.

Las mujeres en la línea de fuego

Muchas de esas mujeres han dedicado gran parte de su vida a este trabajo comunitario, sin embargo, no tienen el derecho a vivir «una vejez digna en la que cobren una jubilación en lugar de una pensión o de tener que acceder a una moratoria» porque no han realizado aportes. Albornoz comentó que “este programa no solamente viene a restituir derechos a aquellos que están trabajando hace tanto tiempo, la idea también es que el Estado nacional colabore con la infraestructura de esos comedores para que sean autónomos ya que muchas veces funcionan en casas de compañeras”. El informe del RENATEP permite observar que dentro de la economía popular las mujeres están sobrerrepresentadas en los rubros no calificados, esto se ve reflejado en los comedores donde ellas representan el 63%.

Actualmente ninguna de las personas que forman parte de este sector tienen algún ingreso en concepto del trabajo diario que realizan y este es un factor que se suma a los que perjudican la situación económica de las mujeres. Claudia destacó que “las cocineras, cuando están cocinando, no pueden estar trabajando para generar ingresos para sus familias, ni en su casa, atendiendo y cuidando a niñas, niños y ancianos, sino que tienen que estar trabajando en los comedores”.

Si embargo, la triple jornada laboral forma parte de la vida de muchas de las mujeres que, aparte de gestionar y elaborar la comida para sus barrios, se ocupan de las tareas de cuidado en sus casas y realizan trabajos que también están dentro de la informalidad, por lo tanto, suelen ser trabajos precarizados. “Desde el feminismo villero decimos que necesitamos tiempo para pensar y ese tiempo no lo tenemos. Aún así, pudimos pensar una ley mientras trabajábamos porque el comedor también es un espacio político”, señaló.

Si bien en los últimos años hubo una recuperación económica, el informe del INDEC correspondiente al primer trimestre de este año indica que el 39,2% de las personas está por debajo de la línea de la pobreza, señalando un aumento sostenido de este indicador. Lo mismo ocurre con el valor de la canasta básica alimentaria que, en lo que va del año lleva acumulando un aumento del 47,4%. Estos números se traducen en un recrudecimiento de la situación que se vive en los barrios: “Es desesperante porque gran parte de quienes trabajan en comedores y merenderos se garantizan que su familia pueda comer con el plato que genera en el comedor”, enfatizó Albornoz.

Frente a esta situación comenta que buscan una salida colectiva, se organizan en cooperativas de trabajo, se ocupan de brindar apoyo escolar a los niños que van a la escuela, abren espacios de encuentro para mujeres y disidencias que funcionan como lugares seguros y de contención a las víctimas de violencia de género “nosotras nos decimos feministas villeras, porque eso que fue un insulto en otro momento, hoy lo tomamos como bandera. También sabemos que somos de la villa, porque estamos empobrecidas, porque hubo otros que tomaron decisiones, no nosotras” sostuvo y agregó «todo esto lo vamos haciendo mientras hacemos, mientras trabajamos, mientras ponemos el cuerpo, porque es la manera en que en el barrio popular se construye”.