La planta recicladora «Carlos Mancos Mieres» de Rosario estuvo a punto de cerrar por falta de fondos, situación que las y los trabajadores lograron revertir tras largas jornadas de manifestaciones que derivaron en un adelanto de los recursos. Sin embargo, los reclamos continúan: además de la emergencia económica, denuncian el incumplimiento de la ordenanza municipal 10.335 que debería garantizar el reconocimiento formal de los cartoneros. Frente a este escenario, los recicladores urbanos exigen soluciones concretas para mantener un modelo de gestión con inclusión social que ya viene funcionando en diversos barrios de la ciudad.
Al borde del desalojo
Las y los recicladores urbanos forman parte del amplio sector que integra la economía popular. Son trabajadorxs que, ante la exclusión del mercado laboral luego de la crisis de 2001, se organizaron de manera cooperativa y desarrollaron actividades laborales que tienen un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Actualmente el sector se encuentra en crisis, afectado por políticas del gobierno nacional y sin respuestas del gobierno local.
Hasta el lunes 14 de julio, la planta recicladora «Carlos Mancos Mieres», ubicada en Ovidio Lagos 4011, se encontraba en riesgo de desalojo por falta de respuesta sobre los fondos provinciales que hace meses no recibían, lo que impedía el pago del alquiler y de los sueldos de los trabajadores. Tras varias manifestaciones en la Plaza 25 de Mayo, frente a la Municipalidad, ese mismo lunes lograron que el municipio otorgue un adelanto del dinero correspondiente. El monto forma parte de un acuerdo realizado con el Ministerio de Ambiente de la Provincia. Concretamente, los integrantes del sector cartonero denunciaban que la Municipalidad no venía avanzando con el trámite administrativo, lo que impedía que llegara una parte significativa de esos recursos destinados al sostenimiento de sus actividades.
El centro de reciclado que es sostenido de forma cooperativa es un eslabón clave para el sector: permite a los recolectores vender el cartón directamente a la industria -sin intermediarios-, lo que les garantiza un precio más competitivo y mayores ganancias. Si bien habían tenido reuniones con la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad y con el intendente Pablo Javkin, los recursos y las herramientas no estaban. Mónica Crespo forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y de la cooperativa Cartoneros Unidos que funciona en Barrio Industrial. En diálogo con Reveladas comentó lo siguiente: «Es muy triste lo que está pasando, estamos atrasados en los alquileres debido a que no aparecen los fondos. Esperamos no perder la planta ya que es más gente la que se va a quedar en la calle», manifestó el viernes previo al arreglo. El lunes 14, si no contaban con el dinero, debían desalojar el lugar donde funciona desde hace tres años la planta recicladora. Respecto a lo convenido ese día, Juliana Muchiut, integrante de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) señaló: “Lo único que se pudo garantizar fue un adelanto del dinero que, en teoría, viene de Provincia. Digo ‘en teoría’ porque lo tiene que pedir la Municipalidad. Como todavía no lo pidió, tiene que adelantarlo. Si ya lo hubiese solicitado, nosotros lo tendríamos, el municipio no tendría que ponerlo por adelantado y la discusión sería otra”.
Recolectores municipales no reconocidos
En 2022 se aprobó una ordenanza municipal que estableció la puesta en marcha de un sistema de recolección con inclusión social. El propósito era integrar paulatinamente a las y los trabajadores que realizan servicios de recolección diferenciada de materiales reciclables con modalidad «puerta a puerta», así como a aquellos que participan del circuito: promotoras ambientales, encargados de la logística y operarios de separación de materiales en las plantas de reciclado. El objetivo era que año tras año se incrementara el porcentaje del presupuesto destinado para realizar el reconocimiento formal y económico de más trabajadores.
Celeste Salas también es parte del MTE e integra el grupo de promotoras ambientales. Es ella quien explica cómo funcionan los circuitos de recolección puerta a puerta que operan en distintos barrios de la ciudad: «Primeramente, las promotoras ambientales hacemos un mapeo de la zona, estudiamos todo el lugar y lo visitamos. Luego vamos puerta a puerta, casa por casa, a hablar con cada vecino y le contamos sobre la separación en origen y los beneficios que eso trae, tanto ambientales como sociales». Este paso genera un primer contacto con las y los vecinos y es el eslabón inicial de una larga cadena que tiene éxito gracias a que las familias aprenden a hacer la separación de materiales en sus casas. «Posteriormente vinculamos a las y los vecinos con los recuperadores que pasan en días y horarios definidos” explica y agrega: “Están identificados con uniformes y retiran el material en la puerta de las casas. Ese material es llevado a un punto de encuentro e ingresa al centro de reciclado. Allí las y los compañeros que trabajan en la planta hacen la separación por tipo de material. Eso es compactado, enfardado y va a la industria».
A tres años de aquella sanción, el municipio incumple lo establecido en dicha normativa. Si bien el lunes lograron un adelanto de los fondos provinciales, no hubo acuerdo para avanzar con el cumplimiento de la norma mencionada. Celeste expresa: «Hay un presupuesto para que se puedan brindar las herramientas a todos lxs recuperadorxs. Hay más cooperativas que trabajan de la misma manera, a veces con el mismo material y otras veces con otros materiales que son recuperables. Queremos las mismas condiciones de trabajo para todxs».
En el mismo sentido, Mónica expresó: «Tenemos promotoras ambientales, compañeros de planta y compañerxs de circuito que salen a trabajar todo el tiempo sin que haya un ítem que diga que se está pagando un monto de dinero para esa gente», y enfatizó: «Estamos hablando de que no son reconocidos, que no tienen un sueldo fijo y que tienen que caminar todo el día para llevar un plato de comida a la mesa».
La gestión de la basura está a cargo de cada municipio y es uno de los ítems más costosos del presupuesto de Rosario. En la última licitación se presupuestaron $61.466.882.400 para el servicio de tratamiento de residuos domiciliarios de la ciudad para los próximos seis años. De ese monto, lxs trabajadorxs del sector percibirían el 0,0073%, un porcentaje que resulta insuficiente para cubrir sus gastos operativos. Mónica Crespo destaca el impacto ambiental de su actividad: «Es un modelo que evita tanto enterramiento, evita que sigamos talando montes para seguir haciendo papel, cartón y todo lo demás».
Tanto la separación en origen que realizan los hogares como la recuperación intensiva de reciclables contribuyen a reducir las toneladas de materiales enterrados que son una fuente de contaminación y una carga económica para el municipio, ya que el enterramiento tiene un costo elevado. Muchiut comentó: “Necesitamos un presupuesto mayor, entendiendo que el servicio que se garantiza no está completamente pago. Nosotros planteamos que es un servicio que se está realizando de manera gratuita para la municipalidad y que las y los trabajadores necesitan salarios dignos para poder trabajar porque están evitando que se entierren toneladas y toneladas de residuos mensuales”. Actualmente en la cooperativa están procesando entre treinta y cuarenta toneladas de materiales reciclables por mes.
El contexto nacional profundiza la crisis del sector
A esta situación local se suma la complejidad del contexto del país. Desde que el gobierno nacional habilitó la apertura de importaciones, muchas industrias que antes compraban papel y cartón reciclado ahora prefieren importar estos materiales debido a sus menores costos. Solo en 2024, la importación de papel y cartón aumentó un 248%, según indicaron desde la FACCyR. «Es tan bajo el precio que tenés que conseguir mucho pero mucho volumen para hacer muy poquita cantidad de dinero para sostener el plato del día a día», explica Celeste sobre el impacto en los ingresos de sus compañerxs. El precio del cartón se desplomó hasta los $60 por kilo.
Como el salario de los recolectores depende directamente de la cantidad de material vendido a las plantas recicladoras, ahora se ven obligados a recorrer distancias significativamente mayores para reunir el volumen necesario que les permita obtener ingresos mínimos. Llegar a cubrir los gastos familiares se dificulta, teniendo en cuenta que sus ingresos se redujeron y el costo de vida aumentó. En lo que va del año, el Índice de Precios al Consumidor registró un aumento acumulado del 15,1%, siendo las divisiones de mayor aumento Educación (3,7%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%).
En relación con las transformaciones que observa, Celeste señaló que «Hay muchxs más compañerxs trabajando en la calle y lo que se nota mucho es que hay mucha gente buscando comida, no solo materiales reciclables». Al mismo tiempo sostuvo: «Tratamos de apoyarnos como podemos, con los comedores y merenderos que hay en distintas zonas. Hacemos guerrilla, te diría, porque es muy difícil apoyar a todos con las dificultades que hay y las pocas herramientas que tenemos», cerró.
