Columna de opinión de la Colectiva de Abogadas Translesbofeministas de Rosario

Tras varias denuncias por irregularidades en materia de salud, alimentación e infraestructura contra la Unidad Penitenciaria N°5 de Rosario, los días 12 y 13 de octubre se llevaron adelante dos audiencias por el recurso de Habeas Corpus que presentó la Defensa Pública en favor de las personas alojadas en este establecimiento carcelario y sus hijes.

Se denunció la falta de atención médica para estas poblaciones especialmente vulnerables porque no se estaba cumpliendo con la “campaña” de atención ginecológica a la que se había comprometido el Servicio Penitenciario en el marco de otro Habeas Corpus que se había tramitado en el mes de marzo. Asimismo, se puso en conocimiento que no se estaba garantizando la atención de les niñes cuando las pediatras concurren a la Unidad en razón de que en más de una ocasión superponían esta actividad con requisas generales, lo que provoca que se aboque al personal a estas tareas y no lleven a les niñes a los controles.

Para acreditar las deficiencias alimentarias se pidió colaboración a organismos públicos para que realicen inspecciones. La Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL) acreditó que la cocina estaba sucia, las cámaras de frío tenían pérdidas, los utensilios estaban rotos, el personal no estaba capacitado, no había agua caliente para limpiar y el gas de los hornos no funcionaba correctamente. Desde la Secretaría de Niñez también informaron haber visto comida en mal estado en varias de las visitas que realizaron.

La Defensa también hizo relevamientos por su cuenta, demostrando que los lugares de alojamiento son insuficientes, que existen filtraciones y problemas eléctricos potencialmente peligrosos.

Según la Fiscal Josefina Bertotto no se llegó a afectar el derecho a la salud porque no se verificó que haya alimentos en mal estado sino solo algunas “deficiencias”, destacando la actitud del Servicio Penitenciario para solucionar los “inconvenientes”.

El Servicio Penitenciario manifestó haber efectuado algunas reparaciones de las denunciadas en materia edilicia e iniciado las tramitaciones para otras, así como también lo relativo a las irregularidades detectadas en la cocina. En cuanto a la atención ginecológica, informaron que estaría próximo a ingresar una nueva profesional.

Tras escuchar a todes, la Jueza Marcela Canavesio tuvo por acreditadas las problemáticas denunciadas en cuanto a las insuficiencias en los controles ginecológicos, ordenando que se establezca un plan concreto de regularización que permita sostener controles preventivos anuales y la atención que se demande en cada caso, requiriendo además que el Servicio Penitenciario analice conjuntamente con el plantel médico la problemática de superposición de días y horarios de requisas con las atenciones médicas intramuros, estableciendo un cronograma que permita superar la situación informada por las pediatras.

Además dio por ciertas las deficiencias higiénicas y sanitarias en la manipulación y cocción de los alimentos, no estando garantizada ni supervisada la entrega de las raciones en condiciones de salubridad adecuadas. En cuanto a la cantidad y variedad en los menúes, dispuso que el Ministerio de Gobierno evalúe la posibilidad de revisar y adecuar los regímenes alimentarios en función de las particularidades nutricionales que requieran las mujeres y las y los menores de edad alojados con ellas analizando las recomendaciones de las pediatras, la ASSAL y el Equipo de Monitoreo de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.

En cuanto a las condiciones edilicias tuvo por acreditada la insuficiencia de camas en función de la población penal existente, así como también la falta de escaleras en algunas cuchetas que impide el uso de las camas superiores, y la existencia de filtraciones.

Hoy la Justicia reconoció a estas poblaciones como especialmente vulnerables y que requieren una protección especial, no solo por ser mujeres y niñes, sino por encontrarse privadas de su libertad.