De cara a las próximas elecciones generales del 29 de junio en Santa Fe, desde Reveladas dialogamos con las primeras candidatas a concejalas de diferentes listas que aspiran al Concejo de Rosario y que han respondido, además, al contacto de parte de este medio de comunicación para ser entrevistadas. En este caso charlamos con María Eugenia Guzmán, quien acompaña a Roberto Sukerman en la lista «Política Abierta para la Integridad Social – País».
–Periodista: ¿Cómo analizás la situación del acceso a la vivienda en la ciudad y qué se puede hacer desde el Concejo para abordarlo? ¿Tenés alguna propuesta en relación a la temática?
–María Eugenia Guzmán: Creemos que una de las soluciones a esta problemática es la descentralización de los recursos FO.NA.VI, ya que se obtienen de los impuestos al combustible y el gobierno nacional lo destina a la provincia, que luego discrecionalmente lo distribuye en viviendas a diferentes localidades.
Durante el segundo gobierno de Jorge Obeid la ciudad fue discriminada en el reparto de estos recursos, lo que dio como resultado un déficit que no se ha podido paliar a lo largo de todos estos años. El municipio por sí mismo no tiene recursos genuinos para invertir en viviendas y el Servicio Público de la Vivienda se creó solo con la intención de actuar en caso de apertura de calles que requieren mover alguna unidad habitacional o para pequeñas operaciones dentro del territorio. Sólo se actuó fuertemente en el gobierno de Hector Cavallero, con el Plan Convivencia, y en el de Miguel Lifschitz, con el Plan Hábitat, a través de recursos nacionales que llegaron a la ciudad. Ambas operaciones tuvieron como fundamento que Rosario es una de las principales ciudades elegidas para las migraciones internas y que había obligación por parte de los gobiernos centrales de contar con políticas de reparación histórica.
Esta no puede ser solo una política esporádica del Gobierno nacional, sino que debe haber una política continuada del gobierno provincial. En ese sentido, Rosario debe tener una política activa respecto a la oferta de vivienda pública, no solo para los más de 150 mil personas que viven en asentamientos populares, sino también para los cientos de miles de los sectores medios que reclaman una alternativa para resolver su problema habitacional.
–P: Teniendo en cuenta que la violencia contra las mujeres y disidencias no cesa, ¿cómo crees que se puede abordar la urgencia de la violencia de género? ¿Contás con propuestas para hacer frente a las desigualdades estructurales de género?
–MG: Desde el 2015 venimos capacitando en el Partido Iniciativa Popular “Promotores territoriales en género y diversidades”, como nexo fundamental entre las herramientas que brinda el Estado y las personas que sufren violencia machista. Parte de la capacitación y de formación de las y los promotores es el asesoramiento, acompañamiento y escucha de las víctimas. Darles un reconocimiento por parte del Estado es fundamental, ya que las mujeres y diversidades son las personas que ponen, además del cuerpo, dinero de su propio bolsillo. Trabajan ad honorem.
Ante la falta de políticas destinadas a mujeres y diversidades, es menester que no abandonemos las trincheras que son nuestra bandera de igualdad y no violencia. Hoy tenemos un Estado Nacional que desfinancia y elimina los espacios y leyes ya conquistados. En lo provincial hay una degradación del Ministerio de Igualdad y Género, transformado en una secretaría que no cuenta con los fondos necesarios para afrontar dichas desigualdades. Como propuesta, a nivel local y provincial es fundamental la implementación de la Educación Sexual Integral para que desde las infancias se puedan detectar y trabajar directamente las problemáticas. Además, la violencia ejercida desde el presidente hacia jubilados, diversidades, mujeres y todo colectivo que no se encuentra representado en él, genera una sociedad violenta.
–P: ¿Cuáles considerás que son las demandas y problemáticas más urgentes de la población a nivel local y cómo podría abordarse el tema desde el Concejo?
–MG: La basura es un tema que nos preocupa, ya que hay cientos de personas que viven y consumen de ella. Actualmente el contrato con la empresa recolectora, que se lleva más de la mitad del presupuesto municipal, se encuentra vencido. La poda y escamonda no solo tapan las luminarias sino que generan desastres en la vía pública cuando hay tormentas. En cuanto a la seguridad, no hay un nexo directo con el Ministerio provincial, por lo que los proyectos no se convierten en acciones pertinentes. Las veredas rotas en el centro y los barrios muestran el abandono por parte de la Municipalidad. El transporte urbano de pasajeros cada vez cuenta con menos frecuencia, es deficiente y el más caro del país. Estamos en una ciudad poco inclusiva en todos los sentidos. Necesitamos de un intendente que se plante ante el gobierno nacional y exija los subsidios que el gobierno actual retiró.
